El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, planteó una propuesta para enfrentar la crisis de abastecimiento de carburantes en el departamento, basada en el fin de la subvención generalizada y en la apertura del mercado a la participación privada. La iniciativa, difundida a partir de información de Erbol, apunta a modificar el esquema de comercialización que hasta ahora ha estado bajo la administración de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Según explicó la autoridad departamental, la idea es que la estatal petrolera deje de importar y vender combustibles subvencionados, de manera que operadores privados puedan asumir la importación, comercialización y distribución a precio de mercado. En ese marco, Velasco sostuvo que, con un precio actualizado del barril de petróleo, el litro de combustible podría costar 16,50 bolivianos.
El gobernador remarcó que la ayuda estatal no debería concentrarse en el carburante, sino en las personas que más la necesitan. Bajo esa lógica, su propuesta busca eliminar el beneficio indiscriminado y redirigir los recursos públicos hacia mecanismos de apoyo directo.
Para ordenar la transición, el plan contempla una primera etapa de tres meses en la que se aplicaría un bono directo de emergencia destinado a compensar a los usuarios del transporte público. Después de ese periodo, se prevé pasar a un sistema tecnológico basado en la tercera placa del B-Sisa, con el que se pretende identificar electrónicamente a los vehículos, registrar los kilómetros recorridos y aplicar parámetros técnicos de consumo. Con ello, la intención es que el subsidio llegue únicamente al transporte público que realmente opera.
La propuesta también abre la puerta a la participación de empresas privadas y nuevos proveedores internacionales. Velasco afirmó que la Gobernación de Santa Cruz cuenta con la capacidad institucional para articular una respuesta inmediata a la demanda departamental, en coordinación con actores privados que actualmente no trabajan con el Gobierno Nacional.
Sin embargo, el gobernador advirtió que para que esta apertura funcione deben existir condiciones claras para el sector privado. Señaló que no es posible exigir importaciones a costo internacional y, al mismo tiempo, obligar a competir con combustibles vendidos por debajo de su valor real. A su juicio, mientras persistan precios artificialmente bajos, la escasez, el contrabando y los mercados paralelos, los operadores privados seguirán en desventaja y el problema del desabastecimiento no podrá resolverse de fondo.
