La violencia en las cárceles de Bolivia volvió a encender las alarmas en 2026. En lo que va del año, la Defensoría del Pueblo registró 17 muertes violentas en centros penitenciarios, una cifra que ya supera los 15 decesos reportados durante todo 2025 y que confirma el deterioro de la situación carcelaria en el país.

El dato fue dado a conocer este miércoles en Santa Cruz de la Sierra por el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, durante la inauguración del Seminario Internacional “Sistemas Penitenciarios y Prevención de la Tortura en América”. En su intervención, la autoridad advirtió sobre el aumento de la violencia dentro de los recintos penitenciarios y sostuvo que Bolivia enfrenta una crisis profunda en su sistema judicial y penitenciario.

La magnitud del problema se refleja también en la población privada de libertad. De acuerdo con la información expuesta en el encuentro, más de 33.000 personas cumplen detención en 46 cárceles del país, muchas de ellas en condiciones críticas de hacinamiento, especialmente en penales como San Pedro, en La Paz, y Palmasola, en Santa Cruz.

A ello se suma otro elemento que, según Callisaya, evidencia fallas estructurales en la administración de justicia: el 53,9% de las personas encarceladas no cuenta con una sentencia condenatoria y permanece bajo detención preventiva. Para la Defensoría, ese porcentaje muestra la persistencia de problemas graves dentro del sistema judicial boliviano.

Frente a este escenario, la propuesta planteada por la autoridad es que el Estado deje de responder solo de manera reactiva ante los hechos de violencia y empiece a actuar sobre las causas que los generan. Callisaya señaló que la prioridad debe ser transformar las condiciones que favorecen los malos tratos y la tortura en los centros penitenciarios, de modo que el éxito institucional no se mida por la cantidad de denuncias recibidas, sino por la eliminación de los factores que permiten que esas vulneraciones ocurran.

El seminario continuará este jueves en Santa Cruz de la Sierra con la participación de representantes de Naciones Unidas, de la cooperación internacional y de organismos especializados en prevención de la tortura. En ese espacio, los asistentes coinciden en la necesidad de reforzar el monitoreo y la investigación para proteger los derechos de la población carcelaria.