El Gobierno dispuso la intervención estatal de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) mediante el Decreto Supremo 5699, aprobado con carácter extraordinario, temporal y de aplicación inmediata, luego de la intervención de YPFB. La medida fue emitida este 2 de septiembre y responde, según la norma, a las deficiencias, riesgos y vulnerabilidades detectados en los mecanismos de regulación, supervisión, control y fiscalización de las actividades hidrocarburíferas, en especial en lo referido al abastecimiento interno de hidrocarburos y sus derivados.

De acuerdo con el decreto, la intervención tendrá una vigencia de hasta 180 días calendario, contados desde la publicación de la norma. Durante ese periodo, la medida buscará realizar un relevamiento de información que permita aplicar correcciones e identificar posibles responsabilidades en los niveles administrativo, técnico y operativo, tanto a escala nacional como regional.

La disposición también establece como propósito identificar eventuales daños ocasionados al sector hidrocarburífero en gestiones pasadas, instruir auditorías técnicas, legales y otras en función de la información obtenida, y recuperar y fortalecer la capacidad efectiva del Estado para regular, controlar, supervisar y fiscalizar la cadena de hidrocarburos.

Asimismo, la intervención apunta a evaluar de manera integral la gestión regulatoria, administrativa y operativa de la ANH, determinar las causas de las deficiencias, riesgos, omisiones y vulnerabilidades existentes, y verificar las condiciones y efectos de las autorizaciones y licencias otorgadas a los operadores del sector.

La norma también contempla la adopción inmediata de medidas correctivas, preventivas y de fortalecimiento institucional para garantizar la regulación, control, supervisión y fiscalización de la cadena de hidrocarburos, además de precautelar los intereses económicos y patrimoniales del Estado y evitar la continuidad o reproducción de prácticas que comprometan el interés público.

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