El Gobierno boliviano activó desde la noche del lunes una serie de acciones para recabar información sobre las acusaciones formuladas por Estados Unidos contra autoridades y exautoridades nacionales. Este martes, según informó el portavoz presidencial José Luis Gálvez, se envió de manera formal una solicitud para obtener mayores detalles sobre el caso.
Gálvez explicó que el Ejecutivo espera la respuesta de la administración estadounidense para conocer con precisión el alcance y las razones de las observaciones. “Tenemos que esperar la información solicitada, esperamos que el gobierno americano pueda proporcionarla a la brevedad y queremos entender las razones, y a partir de las razones y las condiciones podremos tener una mejor posición respecto a lo que ha sucedido”, señaló en una entrevista en ON – Otra noche con Sissi Áñez, emitida por EL DEBER.
Las declaraciones del vocero se produjeron después de que el gobierno de Estados Unidos lanzara el lunes acusaciones contra autoridades y exautoridades del Estado boliviano. Como parte de esa decisión, 13 personas fueron observadas por el servicio de migración y se les retiró la visa de ingreso a ese país. El hecho generó repercusiones inmediatas y derivó en la convocatoria de la Asamblea Legislativa a una sesión para el próximo 5 de octubre, con el fin de analizar el caso.
En ese contexto, Gálvez sostuvo que corresponde al Legislativo asumir un rol central en la revisión de lo ocurrido. “Consideramos que el poder donde nace este mandato es la Asamblea Legislativa y es quién debe tomar cartas en el asunto y nos parece correcto que sea la Asamblea Legislativa que ponga en agenda el tratamiento del caso en el marco de las leyes bolivianas y se tome las decisiones que corresponden”, afirmó al referirse a la convocatoria congresal.
Los presidentes de ambas cámaras legislativas ya habían pedido una convocatoria inmediata a sesión, y este martes el vicepresidente del Estado, Edmand Lara, dispuso que el encuentro se realice el 5 de octubre. La cita buscará abordar las implicaciones políticas e institucionales del caso tras las medidas adoptadas por Washington.
Gálvez también mencionó que la Asamblea podría tomar la decisión de juzgar al fiscal general, escenario en el que, dijo, debería aplicarse la Ley 044 de Juzgamiento a Altas Autoridades del Estado, norma que incluye a esa autoridad entre las que pueden ser sometidas a ese procedimiento.
Finalmente, el portavoz indicó que el Gobierno aguardará con “prudencia” lo que ocurra en la Asamblea, al considerar que se trata de la instancia que designó a Mariaca en el cargo. El fiscal general asumió funciones el 22 de octubre de 2024 y, de acuerdo con la Constitución Política del Estado, tiene un mandato de seis años.
