La discusión sobre el costo del transporte público en Tarija volvió a instalarse con fuerza mientras avanza el proceso técnico que debe definir una tarifa definitiva. En medio de esa espera, el sector del autotransporte insiste en que la tarifa transitoria vigente no alcanza para cubrir los gastos de operación y advierte que una parte importante de las unidades continúa fuera de servicio.
Gabriel Pérez, representante de la Federación del Autotransporte 15 de Abril, afirmó que una evaluación realizada por los propios operadores muestra que trabajar con las condiciones tarifarias actuales no resulta sostenible para una parte del sector. De acuerdo con su reporte, entre el 30% y el 40% de los micros estaría prestando servicio, mientras que el resto permanece paralizado.
Esa reducción de vehículos disponibles impacta de manera directa en los usuarios, sobre todo en los barrios alejados del centro de la ciudad, donde el transporte colectivo es uno de los principales medios para llegar a unidades educativas, fuentes laborales, mercados y otros espacios de actividad diaria. La menor presencia de micros en las calles agrava una situación que ya venía siendo motivo de tensión entre el municipio y los transportistas.
El conflicto se arrastra desde septiembre, cuando ambas partes acordaron una tarifa transitoria para permitir la reanudación del servicio mientras se desarrolla un nuevo estudio de costos. Ese esquema fijó Bs 3,50 para adultos, Bs 2,50 para adultos mayores, Bs 2 para universitarios y Bs 1,50 para estudiantes de primaria y secundaria. En el caso de los taxis trufis, se mantuvo una tarifa general de Bs 3.
Ese acuerdo fue concebido como una medida temporal y dejó pendiente la elaboración de una hoja de costos que determine cuánto cuesta realmente prestar el servicio bajo las condiciones económicas actuales. Desde el transporte se sostiene que ese trabajo debe avanzar con mayor rapidez, porque la demora prolonga la incertidumbre y dificulta la planificación de la actividad diaria.
Uno de los principales argumentos del sector es el incremento de los costos operativos. Los dirigentes han señalado especialmente el impacto del precio del diésel tras la reducción de la subvención, además de los gastos que implican el mantenimiento, los repuestos y el funcionamiento cotidiano de las unidades. Según esa posición, la tarifa vigente no guarda relación con esos costos y por eso no permite sostener la totalidad del parque automotor en circulación.
En ese marco, Pérez planteó que la hoja de costos debe convertirse en la base para definir el nuevo tarifario. También cuestionó la posibilidad de que, una vez concluido el estudio técnico, se abran nuevas negociaciones para modificar el resultado con la participación de otros sectores.
La postura del autotransporte, sin embargo, contrasta con la de organizaciones vecinales y estudiantiles, que han expresado reparos frente a cualquier incremento adicional. La Federación Departamental de Juntas Vecinales presentó una propuesta que plantea Bs 3,50 para adultos y mantiene tarifas diferenciadas para estudiantes y adultos mayores, mientras otros representantes vecinales también han pedido ajustes en los montos acordados.
El debate enfrenta así dos preocupaciones centrales: por un lado, la necesidad de garantizar que el servicio pueda operar sin interrupciones; por otro, el impacto que una eventual subida tendría sobre la economía de las familias tarijeñas. Desde el transporte se sostiene que las movilizaciones que puedan realizar estudiantes, juntas vecinales u otras organizaciones responden a sus propias decisiones, pero se descarta que los operadores puedan mantener sus vehículos activos si los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos de funcionamiento.
La controversia, además, pone sobre la mesa un problema de servicio público. Una tarifa insuficiente puede derivar en menos unidades operativas, mientras que un incremento elevado puede trasladar una mayor carga a los usuarios. En ese contexto, la hoja de costos aparece como el elemento técnico sobre el que deberán girar las próximas negociaciones.
Ahora, la Alcaldía debe avanzar en la conclusión del estudio y convocar a los sectores involucrados para analizar sus resultados. Mientras tanto, la reducción de micros en las calles mantiene abierta la preocupación por la cobertura del transporte urbano y por la continuidad del servicio en distintos puntos de la ciudad.
La definición de una tarifa permanente tendrá que resolver el equilibrio entre la sostenibilidad económica para los operadores y la capacidad de pago de los pasajeros. El desenlace del proceso será clave para evitar que la discusión vuelva a salir de las mesas técnicas y termine afectando nuevamente la prestación cotidiana del transporte en Tarija.
