El Gobierno de Bolivia avanza junto a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) en el diseño de propuestas para fortalecer la infraestructura penitenciaria del país, entre ellas la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad que se ajuste a estándares internacionales y respete los derechos humanos.
Así lo explicó en La Paz la asesora regional de Programas de UNOPS para América Latina y el Caribe, Leyre Sastre, quien señaló a EFE que el organismo trabaja desde hace algunos meses con el viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, en la formulación de proyectos vinculados a seguridad. De acuerdo con la funcionaria, en agosto se realizó una primera reunión y, posteriormente, el viceministerio remitió documentación que los especialistas de UNOPS han estado revisando para comenzar la estructuración de iniciativas penitenciarias orientadas, entre otros objetivos, a reducir el hacinamiento.
El Ejecutivo boliviano definió como prioridad tres centros penitenciarios. Dos de ellos ya existen: Palmasola, considerado el penal más conflictivo del país y ubicado en Santa Cruz, en el este del territorio, y Chonchocoro, el único recinto de máxima seguridad de Bolivia, situado en el municipio de Viacha, en La Paz. El tercero corresponde a un proyecto nuevo en Sica Sica, a unos 115 kilómetros de la sede de gobierno, donde se prevé levantar una cárcel de máxima seguridad con capacidad para cerca de 2.000 privados de libertad.
La necesidad de ampliar y mejorar la infraestructura carcelaria se enmarca en un contexto de sobrepoblación penitenciaria. Hasta fines de 2025, Bolivia registraba 32.677 personas recluidas y el hacinamiento superaba el 109 % en los 43 centros penitenciarios del país, según datos difundidos en agosto por la Defensoría del Pueblo.
Sastre sostuvo que en Bolivia existen “muchas necesidades en términos de infraestructura penitenciaria” y reconoció que no todo puede ejecutarse al mismo tiempo. Sin embargo, ratificó que la prioridad se concentrará en los tres complejos mencionados. En ese marco, indicó que UNOPS ha comenzado a priorizar Sica Sica, al tratarse de un centro de máxima seguridad, una necesidad que —según dijo— responde a los serios problemas que enfrenta el Gobierno en materia de narcotráfico y contrabando.
La asesora remarcó que una cárcel de máxima seguridad implica una complejidad constructiva distinta a la de un centro penitenciario convencional, por lo que consideró clave el aporte técnico de UNOPS para que el proyecto cumpla con estándares internacionales. Entre ellos mencionó las Reglas Nelson Mandela, aprobadas por la ONU en 2015 para garantizar un trato digno, seguro y humano a las personas privadas de libertad.
“El respeto a los derechos humanos es lo primero”, afirmó Sastre, al explicar que esas reglas permiten asegurar una segregación adecuada de los internos según criterios como el género, la situación procesal y el delito cometido. Añadió que, además del espacio físico, estos recintos deben contemplar centros de salud y formación profesional, ya que la reinserción social es un componente fundamental.
La funcionaria recordó que UNOPS ha desarrollado proyectos de infraestructura carcelaria en varios países de la región, entre ellos Brasil, Paraguay, Panamá, Perú, algunas islas del Caribe y Guatemala, experiencia que —dijo— también busca aprovechar el viceministerio boliviano.
Durante la visita realizada la semana pasada, la delegación de UNOPS presentó al Gobierno una nota conceptual inicial en la que se esboza un posible plan de implementación del complejo penitenciario, junto con costos aproximados de inversión, plazos estimados y los estándares que se aplicarían en la nueva cárcel. De acuerdo con Sastre, se calcula que el proyecto requerirá unos 40.000 metros cuadrados para su emplazamiento.
La asesora aclaró que ese documento no constituye el plan final, sino una primera aproximación que aún necesita datos adicionales. También recordó que UNOPS no financia proyectos, sino que apoya su formulación para que luego puedan ser presentados a potenciales financiadores.
Además del área de seguridad, la organización explora otras posibilidades de cooperación con Bolivia en campos como el desarrollo productivo y las energías, temas que también formaron parte de la agenda de la reciente visita.
