La discusión en torno al Plan Operativo Anual (POA) 2027 volvió a marcar distancia entre la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija y la Gobernación, en medio de observaciones sobre la distribución de recursos, la participación de los sectores beneficiarios y los plazos para su tratamiento. El presidente de la Asamblea, Álvaro Ojeda, afirmó que el Ejecutivo departamental no respondió a las observaciones formuladas durante la revisión del documento y anunció que la Comisión de Economía y Finanzas retomará el análisis este lunes.
El conflicto gira principalmente en torno a la forma en que fueron incorporadas las demandas de distintos sectores y a la asignación presupuestaria prevista para la siguiente gestión. Ojeda sostuvo que la Asamblea realizó gestiones hasta las últimas instancias para buscar acuerdos con la Gobernación, aunque consideró que no se alcanzó una concertación suficiente para avanzar con el documento.
Desde la Presidencia de la Asamblea se cuestiona, además, que el POA no haya sido construido a partir de las necesidades de los sectores que recibirán recursos y programas departamentales. En ese marco, Ojeda señaló que varias organizaciones no habrían sido consideradas, especialmente en áreas vinculadas con salud, pese a la existencia de decisiones constitucionales que, según explicó, obligarían a las instituciones públicas a garantizar determinadas prestaciones.
Otro de los puntos de controversia está relacionado con la socialización de la propuesta. La Asamblea viene reclamando información que permita establecer qué sectores participaron en la elaboración del plan y qué demandas fueron incorporadas. Esa observación ya había derivado en la devolución del POA a la Gobernación para que se realicen complementaciones y se respalde documentalmente parte de la información presentada.
Ojeda también cuestionó la forma en que la Gobernación habría expuesto y defendido su propuesta presupuestaria, al señalar que la gobernadora María René Soruco mantiene reuniones principalmente con sectores que respaldan el contenido del plan. Desde la Asamblea se insiste en que el proceso debe incluir a una representación más amplia de las organizaciones beneficiarias.
Entre las observaciones planteadas por el Legislativo también figura el incremento de aproximadamente 150 millones de bolivianos, que según la denuncia del titular de la Asamblea estaría concentrado en fortalecimiento institucional y contratación de consultores en línea para la gestión 2027. Para Ojeda, esos recursos deberían ser revisados frente a las necesidades de programas sociales y productivos.
En ese contexto, la Asamblea considera que deben recibir mayor atención programas como la canasta alimentaria, el Programa Solidario Comunal (Prosol) y las políticas dirigidas a personas con discapacidad. Esta postura contrasta con la explicación inicial de la Gobernación, que presentó un POA con un techo presupuestario cercano a Bs 595 millones y aseguró que contemplaba recursos para salud, producción, turismo, Prosol, canastas alimentarias y el 1% destinado a los municipios.
La controversia también alcanzó a los plazos de tratamiento. Mientras el Ejecutivo departamental reclamó durante las últimas semanas la aprobación del documento, la Asamblea sostiene que la devolución realizada por la comisión implica que el cómputo debe reiniciarse una vez que la Gobernación atienda las observaciones y remita nuevamente la documentación requerida.
La Gobernación, por su parte, expresó su preocupación por la demora. A comienzos de octubre señaló que más de 40 sectores e instituciones del departamento esperaban que el POA avance hacia su aprobación y advirtió que la falta de tratamiento mantiene pendiente la planificación presupuestaria para la siguiente gestión.
El Ejecutivo también había sostenido que el documento debía ser tratado dentro de los plazos establecidos por la normativa autonómica. En esa línea, el vicegobernador Gonzalo Ávila indicó que, según su interpretación del Estatuto Autonómico Departamental, transcurridos 30 días sin pronunciamiento podría operar la aprobación automática del POA.
Ojeda rechazó que exista incumplimiento de deberes por parte de la Asamblea y defendió el trabajo legislativo al señalar que el documento fue objeto de observaciones, devuelto para su complementación y aún se encuentra en revisión dentro del procedimiento correspondiente.
Con la sesión de la Comisión de Economía y Finanzas prevista para este lunes, el futuro del POA 2027 dependerá de la respuesta que entregue la Gobernación a las observaciones planteadas. El resultado de ese análisis definirá si el documento vuelve al pleno de la Asamblea para su consideración o si persisten las diferencias sobre la distribución presupuestaria y la participación de los sectores beneficiarios.
