Gabriel Pérez, ejecutivo del autotransporte sindicalizado de Tarija, cuestionó que el Gobierno nacional impulse la discusión sobre la regularización de vehículos indocumentados, conocidos como “chutos”, mientras persisten las largas filas en los surtidores por la escasez de combustible que afecta al departamento y al país. A su criterio, no existe coherencia en plantear la incorporación de más motorizados al parque automotor boliviano cuando miles de transportistas continúan limitados en su trabajo por la falta de diésel y gasolina.

La posición del sector surge en medio del debate abierto a nivel nacional tras la propuesta del Ejecutivo de evaluar la nacionalización de estos vehículos, iniciativa que sus impulsores presentan como una alternativa para generar recursos adicionales para los municipios. Sin embargo, desde el transporte sindicalizado de Tarija consideran que esa medida contradice la realidad que atraviesa el propio parque automotor legal, que enfrenta serias dificultades para abastecerse de carburante en un contexto de déficit que también se refleja en el ingreso de nuevas unidades a las calles.

Pérez manifestó además su rechazo a una eventual ampliación del parque vehicular en el país. Señaló que las vías urbanas y carreteras ya muestran saturación y que sumar más motorizados, sean legales o irregulares, solo profundizaría los problemas de congestión, seguridad vial y consumo de recursos energéticos. En esa línea, sostuvo que cualquier decisión sobre este tema debería quedar en suspenso hasta que se resuelvan de manera estructural las dificultades vinculadas al abastecimiento de carburantes.

El reclamo no es nuevo. El autotransporte tarijeño mantiene desde hace meses sus observaciones al Gobierno nacional por la escasez de diésel y gasolina, que provocó filas prolongadas en los surtidores de Tarija y de distintas regiones del país. El sector también ha puesto en duda las explicaciones oficiales sobre las causas del desabastecimiento, entre ellas la permanencia de cisternas varadas en zonas fronterizas, argumento que los transportistas no consideran suficiente frente a la persistencia de las filas pese a la ausencia de bloqueos en el departamento.

En ese contexto, el dirigente recordó que distintos actores vinculados al transporte identifican al ingreso irregular de vehículos indocumentados como uno de los factores que presionan el consumo de combustible subvencionado, junto con actividades como el contrabando y la minería informal. Desde esa perspectiva, advirtieron que habilitar procesos extraordinarios de regularización podría agravar todavía más la presión sobre un sistema de abastecimiento que ya muestra signos de saturación.

Por ello, los transportistas sindicalizados de Tarija insistieron en que las autoridades nacionales deben concentrarse primero en garantizar un suministro estable y transparente de carburantes antes de abrir nuevas discusiones legislativas sobre la situación de los vehículos indocumentados. Mientras no exista una respuesta clara y sostenida al problema del combustible, remarcaron, cualquier iniciativa para ampliar el número de motorizados en circulación será observada con desconfianza por los gremios del transporte.

El tema, además, se proyecta como uno de los puntos que el autotransporte tarijeño llevará a futuros espacios de deliberación con otras federaciones del país, en el marco de encuentros nacionales donde el sector definirá una postura conjunta frente a las propuestas gubernamentales, tanto en materia de combustibles como respecto a la eventual nacionalización de vehículos indocumentados.