El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, puso en duda este miércoles los informes difundidos por autoridades chilenas sobre la cantidad de droga impregnada en madera exportada desde Bolivia y afirmó que, pese a las gestiones realizadas, el país aún no recibió las muestras necesarias para comprobar esos resultados.

La autoridad compareció ante la Asamblea Legislativa para responder un pliego de 11 preguntas planteado por los diputados de Alianza Popular Claudia Herbas Siles, Rolando Santos Pacheco Chávez, Edwin Huiza Sandagorda y Juan Carlos Poma Tapia. La sesión fue seguida por los legisladores que promovieron la interpelación, aunque varios de ellos dejaron pasar la fase de réplica al considerar válido el informe presentado por el ministro.

El cuestionario, al que accedió EL DEBER, se enfocó en los controles aplicados a tres cargamentos que sumaban 68,7 toneladas de madera y caucho contaminados, en la capacidad de inteligencia de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) y en las investigaciones patrimoniales sobre la presunta organización involucrada. Durante su exposición, Oviedo amplió además sus explicaciones sobre el operativo anunciado en junio por Chile, que involucró 45 contenedores con 1.080,8 toneladas de madera procedente de Bolivia.

La Fiscalía chilena informó que los análisis de su Instituto de Salud Pública detectaron cocaína, ketamina y otras sustancias. Según ese reporte, entre el 10% y el 20% de la carga estaría compuesta por elementos ilícitos, por lo que se estimó una incautación superior a 100 toneladas de droga. Esa cifra responde a una estimación sobre las sustancias contenidas en la madera y no al peso de droga separada luego de su extracción.

Oviedo sostuvo que la FELCN pidió información al Departamento de Drogas OS7 de Carabineros de Chile el 25 de marzo, pero no obtuvo respuesta. El requerimiento fue reiterado el 15 de abril ante la División de Inteligencia de la Policía Marítima chilena. De acuerdo con el ministro, esa repartición informó que la investigación estaba bajo reserva y que cualquier intercambio debía canalizarse a través de los mecanismos de cooperación entre las fiscalías de ambos países.

“Hasta la fecha no ha sido demostrado científicamente la presencia y la forma de impregnación de sustancias controladas en los cargamentos de madera incautados en el vecino país de Chile”, afirmó Oviedo, al insistir en que Bolivia no tuvo acceso a las muestras. Esa declaración contrasta con el informe de la Fiscalía chilena, que asegura que cada hallazgo fue confirmado mediante análisis de su Instituto de Salud Pública.

El ministro añadió que autoridades del Ministerio de Gobierno, la Cancillería, la Fiscalía y la FELCN realizaron gestiones para conseguir las muestras y que también se pidió una misión internacional de verificación con participación de organismos europeos, Naciones Unidas y la DEA. En ese contexto, cuestionó la versión difundida por la Fiscalía de Arica. “Decir alegremente, por un fiscal de Arica de Chile, de manera irresponsable, que de Bolivia salieron 108 toneladas de droga no entra en la cabeza de nadie”, expresó.

Oviedo informó además que la FELCN abrió de oficio el caso SC-X-036/2026 el 24 de marzo por tráfico de sustancias controladas. Explicó que la investigación está en etapa preliminar y bajo la dirección funcional del Ministerio Público de Santa Cruz.

Sin embargo, cuando fue consultado sobre si los antecedentes fueron remitidos a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para indagar una posible legitimación de ganancias ilícitas, evitó responder de forma directa. Señaló que ese delito requiere primero la comprobación de un hecho ilícito y sostuvo que corresponde al fiscal asignado decidir si solicita información a la UIF.

Tampoco detalló cuántas personas naturales o jurídicas vinculadas con las empresas exportadoras están siendo investigadas ni presentó la nómina requerida por los interpelantes. Lo que sí precisó fue que la FELCN ejecutó allanamientos y secuestró tres inmuebles, dos vehículos montacargas, dos teléfonos celulares, una computadora portátil, un dispositivo de almacenamiento y siete máquinas industriales.

El valor preliminar de los bienes afectados asciende a 921.844 dólares: 770.000 por los inmuebles, 79.600 por los vehículos, 400 por los teléfonos y 71.844 por las máquinas. De acuerdo con la autoridad, todos los actuados y objetos incautados permanecen bajo custodia del Ministerio Público de Santa Cruz.

En su informe, el ministro también indicó que hasta el 25 de agosto se efectuaron 373 inspecciones a cargas de exportación maderera, mientras que otras 27 continúan pendientes porque aún no llegaron a los