El sector de salud de Tarija logró que se active un débito automático por más de 9 millones de bolivianos para asegurar el pago del bono de vacunación, beneficio que la Gobernación departamental no habría cancelado pese a los reclamos sostenidos durante años por parte de los trabajadores.

Así lo informó el ejecutivo de los Trabajadores en Salud de Tarija, Armando Gerez, quien explicó que la medida busca garantizar que los recursos lleguen finalmente al personal sanitario del departamento. Según indicó, el monto comprometido corresponde a la cantidad de funcionarios que prestan servicios en el área, que en los últimos periodos superó ampliamente los 1.800 trabajadores.

El bono de vacunación es un incentivo económico que se entrega cada año al personal de salud en reconocimiento a su labor en las campañas de inmunización. Habitualmente, su cancelación se realiza en julio, coincidiendo con la conmemoración del trabajador en salud, aunque en los últimos años el pago fue postergado de manera reiterada, lo que generó tensiones entre el sector y las autoridades departamentales.

La controversia por este beneficio no es nueva. En varias ocasiones, la Gobernación de Tarija sostuvo que no le correspondía asumir ese desembolso y que la obligación debía recaer en el nivel central del Estado, bajo el argumento de que parte del personal depende de ítems y programas nacionales. Esa posición incluso fue respaldada en su momento por un fallo constitucional que estableció que la responsabilidad de este tipo de beneficios correspondía al Gobierno nacional y no a las entidades subnacionales.

Pese a esa discusión de competencias, el sector sanitario insistió en que el pago no podía seguir demorándose, debido a que involucra a trabajadores que cumplen tareas de inmunización y que, además, enfrentan riesgos en el ejercicio de sus funciones. En ese marco, la dirigencia optó por impulsar la activación del mecanismo financiero como una forma de asegurar el cumplimiento del beneficio, ante la falta de una solución definitiva por la vía del diálogo.

En protestas anteriores, funcionarios de la Gobernación admitieron que no contaban con los recursos necesarios para cubrir el monto exigido, que en distintos momentos osciló entre los 7 y los 14 millones de bolivianos, según los cálculos y las planillas consideradas por las partes en conflicto. Esa situación prolongó la disputa y mantuvo en incertidumbre a los trabajadores, que en varias oportunidades recurrieron a movilizaciones y medidas de presión.

Con la activación del débito automático, el sector de salud espera que el bono sea finalmente cancelado sin más retrasos. Los trabajadores señalaron que continuarán haciendo seguimiento al proceso hasta verificar que los fondos comprometidos sean depositados y distribuidos entre el personal beneficiario en todo el departamento.