El alcalde de Tarija y presidente de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM), Johnny Torres, aclaró que la propuesta del Gobierno nacional para regularizar los vehículos indocumentados, conocidos como autos “chutos”, no ha sido descartada por los municipios y que será sometida a un análisis en un encuentro nacional con participación de representantes de las distintas alcaldías del país.

La autoridad explicó que la iniciativa planteada por el presidente Rodrigo Paz será tratada en un espacio de deliberación conjunta, donde los gobiernos municipales podrán revisar sus alcances antes de asumir una posición oficial. De ese modo, Torres desmintió que exista un rechazo cerrado por parte del sector municipal y remarcó que el tema todavía se encuentra en etapa de evaluación y socialización.

El planteamiento del Ejecutivo volvió a tomar fuerza en la agenda pública luego de que fuera expuesto ante la FAM como una alternativa para generar recursos de rápida disponibilidad para los gobiernos locales. La propuesta se enmarca, además, en el debate más amplio sobre la distribución de fondos entre el nivel central y las entidades territoriales autónomas, incluida la agenda de coparticipación tributaria que los municipios vienen impulsando desde hace meses.

Torres sostuvo que una decisión de este tipo no puede adoptarse de manera unilateral ni apresurada, tomando en cuenta que involucra aspectos económicos, tributarios y de seguridad jurídica que requieren un análisis cuidadoso. En ese sentido, insistió en que cada municipio deberá exponer su realidad y sus criterios antes de definir una postura común como bloque.

La posibilidad de regularizar estos motorizados ha generado posiciones divididas en distintos sectores del país. Algunas autoridades departamentales del eje central expresaron respaldo a la idea, al considerarla una opción para obtener ingresos en un contexto de restricciones presupuestarias. Sin embargo, otras voces advirtieron que una medida de esta naturaleza podría terminar fortaleciendo la economía informal e ilegal vinculada al ingreso irregular de vehículos al territorio nacional.

El sector automotor formal también manifestó su preocupación, al señalar que una eventual nacionalización de autos indocumentados afectaría a quienes adquirieron sus vehículos por la vía legal y podría repercutir negativamente en el mercado formal. A ello se sumaron observaciones de organizaciones del transporte, que pidieron que cualquier proceso de regularización incluya mecanismos de identificación, registro y control que impidan que estos motorizados sigan circulando al margen de la fiscalización estatal.

En paralelo, en el ámbito legislativo existe una propuesta impulsada por legisladores de oposición para establecer un marco normativo extraordinario que permita la regularización de estos vehículos. Esa iniciativa sostiene que los recursos obtenidos podrían destinarse a obras y proyectos de desarrollo en alcaldías y gobernaciones, aunque también ha recibido cuestionamientos de sectores empresariales y políticos que advierten sobre los riesgos de premiar prácticas irregulares.

En ese contexto, el presidente de la FAM reiteró que serán los municipios los que definan una posición conjunta sobre un asunto que, según dijo, puede resultar determinante para las finanzas de muchas alcaldías del país. Añadió que el debate sobre la nacionalización de los autos indocumentados se sumará a otros temas centrales que los gobiernos municipales llevarán a la mesa de negociación con el nivel central, entre ellos la ampliación de los recursos de coparticipación tributaria.