La denuncia presentada por el vicepresidente Edmand Lara contra la primera dama, María Elena Urquidi, abrió este martes 1 de septiembre un nuevo frente de tensión política en la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde las reacciones se dividieron entre quienes exigen que la esposa del presidente Rodrigo Paz se someta a la justicia y quienes cuestionan la solidez de las acusaciones.

El conflicto se activó después de que Lara expusiera públicamente audios en los que, según su versión, se escucha a Urquidi y a Fernando Cerimedo hablar sobre la destitución del entonces comandante de la Policía Boliviana, Mirko Sokol. A partir de esa denuncia, el debate se trasladó al Legislativo, donde varios legisladores marcaron posiciones opuestas sobre el alcance y la credibilidad del caso.

Entre las voces críticas apareció la diputada oficialista Catherine Pinto, quien reprochó al vicepresidente por insistir en denuncias que, a su juicio, luego quedan sin seguimiento. La legisladora sostuvo que Lara no está actuando con responsabilidad frente al momento que atraviesa el país y lo acusó de promover un clima de confrontación. En su criterio, antes de presentar una acusación, el vicepresidente debería verificar sus fuentes y confirmar si la información es real, porque, según dijo, el daño no recae solo sobre el presidente o su entorno, sino sobre el país.

En contraste, el diputado de Alianza Popular, Rolando Pacheco, defendió la necesidad de que Urquidi dé explicaciones si no tiene relación con Fernando Cerimedo ni con los presuntos hechos de corrupción mencionados en la denuncia. Para el legislador, la primera dama debería acudir ante la justicia sin temor y aclarar su situación, especialmente porque su nombre aparece en distintos audios y señalamientos.

Pacheco también remarcó que la veracidad de los audios debe ser confirmada mediante una pericia técnica, ya que ese elemento resulta central para determinar el alcance real de la denuncia. En esa línea, informó que, como integrante de la Comisión de Justicia, decidió sumarse a la acción presentada contra la primera dama.

La controversia, lejos de cerrarse, dejó en evidencia las tensiones internas que atraviesan la Asamblea Legislativa, donde el caso ya no se discute solo en términos jurídicos, sino también como un episodio con potencial impacto político.