El sector del transporte en Tarija volvió a expresar su preocupación por el rumbo de la crisis de combustibles en el país y puso en duda la efectividad de las medidas asumidas por el Gobierno. Gabriel Pérez, dirigente del gremio, consideró que la reciente intervención estatal a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) llega tarde frente a un problema que, a su juicio, ya venía mostrando señales claras desde hace tiempo y que ahora amenaza con profundizarse.
Para el representante transportista, la decisión sobre la entidad reguladora debió adoptarse mucho antes, cuando empezaban a hacerse visibles los primeros indicios de desabastecimiento en las estaciones de servicio de Tarija. En su criterio, el deterioro del sistema de distribución de carburantes ya alcanzó un nivel que hace difícil revertirlo en el corto plazo, por lo que las acciones actuales tendrían un alcance limitado frente a la magnitud de la crisis.
Pérez también apuntó a la falta de un control efectivo sobre el contrabando de combustible hacia países vecinos, al que identificó como uno de los factores de fondo que explican la escasez. Según sostuvo, ese desvío de carburante al exterior no fue frenado de manera consistente por las autoridades nacionales, pese a las advertencias reiteradas del sector del transporte. A su juicio, esa fuga de combustible afecta no solo al transporte, sino también a la producción y a la población en general.
Otro elemento que, según el dirigente, agrava el panorama es la práctica desaparición de la subvención estatal a los hidrocarburos. Advirtió que, sin ese respaldo, el costo real del combustible terminará trasladándose con mayor fuerza a los precios finales, lo que impactará de forma directa en el transporte de pasajeros y de carga, y luego en el valor de los productos de primera necesidad.
En ese contexto, Pérez señaló además la subida del dólar como un factor que puede acelerar el proceso inflacionario. A su entender, la combinación entre un combustible más caro, una moneda extranjera en ascenso y una subvención debilitada configura un escenario que golpeará con mayor dureza a las familias bolivianas, especialmente a las de menores ingresos.
El dirigente insistió en que el transporte cumple un papel central dentro de la cadena productiva y de distribución, por lo que los incrementos de costos terminarán reflejándose en las tarifas y, posteriormente, en el precio de alimentos, insumos y servicios básicos. Bajo esa lectura, sostuvo que la crisis de combustibles no debe ser vista como un problema aislado, sino como el inicio de una dificultad económica de mayor alcance.
Pérez también cuestionó que el Gobierno central no haya presentado una estrategia clara para enfrentar de manera estructural la crisis energética. Señaló que las medidas anunciadas hasta ahora responden más a la coyuntura que a una solución de fondo, y planteó la necesidad de que las autoridades convoquen a los sectores productivos y de transporte para definir una hoja de ruta que permita encarar los próximos meses.
Hasta el momento, ni el Gobierno nacional ni la ANH se pronunciaron sobre las declaraciones del dirigente tarijeño. Mientras tanto, el sector continúa en medio de la incertidumbre y crece la preocupación por el efecto que la escasez de combustibles y el alza del dólar puedan tener sobre la economía de las familias bolivianas en los próximos meses.
