Las exportaciones minero-metalúrgicas de Bolivia registraron un fuerte impulso hasta mayo de 2026, con ingresos que alcanzaron los US$ 3.900 millones, en un escenario marcado por el buen desempeño del oro y la plata. Ambos minerales concentraron el 72,7% del valor total exportado por el sector, con una participación de 42,8% para la plata y 29,9% para el oro, de acuerdo con datos oficiales difundidos por la Secretaría Departamental de Minería, Metalurgia y Recursos Energéticos de la Gobernación de Oruro.
El comportamiento de las ventas externas refleja el efecto del contexto internacional de precios. Hasta mayo de 2026, las exportaciones totales del país crecieron 62,6% y alcanzaron un valor de US$ 1.393 millones, generando divisas consideradas clave para la importación de insumos esenciales como combustibles, alimentos, medicamentos y maquinaria.
Sin embargo, ese dinamismo exportador no se ha traducido en una mayor inversión minera dentro del país. Por el contrario, las cifras muestran una caída sostenida desde 2021. Ese año la inversión minera llegó a US$ 485,7 millones, pero en 2022 descendió a US$ 388,3 millones, luego cayó a US$ 98,0 millones en 2023 y finalmente se redujo a US$ 79,3 millones en 2024.
En ese periodo, la inversión acumulada entre 2022 y 2024 suma US$ 565,6 millones, una cifra que contrasta con el nivel alcanzado solo en 2021. La tendencia abre interrogantes sobre la capacidad del sector para sostener su crecimiento en el tiempo, especialmente en un momento en que el desafío pasa por destinar recursos a exploración, tecnología e infraestructura que permitan asegurar un desarrollo minero sostenible.
El peso del sector también se refleja en el plano regional. Potosí concentra los mayores ingresos por exportación de minerales, con US$ 2.334,5 millones correspondientes a minerales de metales preciosos y sus concentrados. Le sigue La Paz, con US$ 1.400 millones por oro no monetario.
La distribución de regalías confirma esa concentración territorial. Potosí recibe el 66,5%, La Paz el 21,6%, Oruro el 7,8% y otros departamentos el 4,1%. Este esquema muestra que el efecto fiscal directo de la actividad minera tiene actualmente un alcance territorial superior al del sector hidrocarburífero, aunque también deja en evidencia una repartición desigual que puede alimentar tensiones entre regiones productoras.
