El debate sobre el controversial bono frontera se intensifica en la región del Chaco tarijeño, tras un dictamen emitido por la Contraloría General del Estado (CGE), que ha generado un nuevo capítulo en un conflicto que ya ha tenido múltiples aristas. Este dictamen, identificado como N° 859, involucra a cerca de veinte exautoridades y funcionarios de la Asamblea Regional del Chaco, quienes habrían percibido este beneficio de forma irregular, a pesar de no cumplir con los requisitos establecidos para su otorgamiento.

La CGE ha instruido la restitución de aproximadamente 1,5 millones de bolivianos por parte de estos exfuncionarios y exasambleístas, quienes se beneficiaron del bono entre los años 2017 y 2021. Gilmar Pairema León, un exasesor de la Asamblea Regional, detalló que la resolución concluye que los pagos realizados no se ajustaban a la normativa vigente, lo que se traduce en un daño económico al Estado. Según Pairema, el dictamen deja claro que hubo un uso indebido de recursos públicos y destaca la necesidad urgente de que la Asamblea Regional implemente los mecanismos necesarios para recuperar los fondos observados.

El foco del conflicto radica en la interpretación del Decreto Supremo 21137, que establece que el bono frontera —equivalente al 20% del salario básico— solo debe ser otorgado a aquellos funcionarios cuya labor se desarrolle dentro de una franja de 50 kilómetros lineales desde la frontera. La sede de la Asamblea Regional del Chaco se encuentra en Villa Montes, a unos 87 kilómetros del límite internacional. Esto ha llevado a cuestionar el derecho al cobro del bono por parte de las autoridades locales.

Pairema argumenta que la interpretación realizada por la institución fue errónea al considerar el “área de trabajo” en lugar del “lugar de funciones” como criterio para determinar quiénes tienen derecho al beneficio. Aunque existen oficinas en Yacuiba y Caraparí, según su análisis, estas no constituyen sedes permanentes que justifiquen el cobro del bono.

La responsabilidad solidaria impuesta por el dictamen implica que todos los señalados deben devolver los recursos de manera conjunta, lo cual complica aún más la situación tanto administrativa como judicial para las exautoridades y funcionarios involucrados. Además, existe preocupación por posibles repercusiones para las actuales autoridades regionales, ya que se ha señalado que, a pesar de las advertencias previas de la Contraloría sobre el uso indebido del bono, este continuó pagándose durante cinco meses adicionales.

Simultáneamente, en Yacuiba se desarrolla otro frente judicial donde un grupo de al menos 20 exconcejales exige el pago del mismo bono frontera. Estos argumentan que sí tienen derecho a recibirlo por haber desempeñado funciones en una zona limítrofe. La demanda presentada abarca también pagos pendientes por concepto de vacaciones y asciende a más de 3,5 millones de bolivianos; actualmente se encuentra en fase de apelación en Tarija.

Desde el Gobierno Municipal y el Concejo Municipal han manifestado su rechazo a estas reclamaciones, alegando falta de viabilidad económica para asumir dichos pagos y cuestionando por qué las exautoridades no incluyeron este beneficio dentro de sus gestiones previas.

Ambas situaciones —la orden emitida por la Contraloría y la demanda presentada por los exconcejales— ponen en evidencia las contradicciones existentes en torno a la aplicación del bono frontera y los vacíos interpretativos en su normativa. Mientras el Estado busca recuperar recursos considerados indebidamente percibidos, las exautoridades continúan luchando por lo que consideran un derecho legítimo. Este escenario plantea importantes interrogantes sobre cómo se manejarán futuros casos relacionados con beneficios similares y cómo se establecerán criterios claros para su otorgamiento en adelante.