El debate sobre la reforma del sistema electoral en Bolivia cobra cada vez más fuerza, a medida que surgen nuevas voces que abogan por una revisión exhaustiva del marco normativo vigente. En este contexto, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, se pronunció el pasado jueves sobre la urgencia de llevar a cabo esta revisión, destacando que es esencial para fortalecer la democracia en el país. Callisaya hizo hincapié en los eventos recientes que han marcado el ciclo electoral actual, a punto de concluir, señalando las inhabilitaciones de candidaturas que se produjeron a escasos días de las votaciones. Un caso particular que mencionó fue el del candidato René Yahuasi en La Paz, cuya situación tuvo un impacto directo en la configuración de la segunda vuelta electoral.

El defensor expresó su preocupación por cómo estas decisiones generan incertidumbre y socavan la confianza del electorado en el proceso democrático. Según Callisaya, es responsabilidad del Estado garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en un ambiente de estabilidad y claridad, evitando cambios sorpresivos que alteren las opciones disponibles para los votantes.

En este sentido, Callisaya anunció la intención de la Defensoría del Pueblo de iniciar un proceso de reflexión pública en los próximos días. Este proceso buscará identificar reformas concretas que promuevan la seguridad jurídica, la transparencia y la estabilidad en los procesos electorales.

El pronunciamiento de Callisaya se suma a una creciente corriente de propuestas que buscan modificar la normativa electoral justo cuando el Tribunal Supremo Electoral (TSE) está culminando las elecciones subnacionales. Entre estas iniciativas destaca un proyecto impulsado por el vocal electoral Carlos Alberto Goitia, quien ha propuesto reformas tanto a nivel constitucional como en diversas leyes electorales. Su planteamiento incluye modificaciones significativas a la Ley del Órgano Electoral (018), la Ley de Régimen Electoral (026) y la Ley de Organizaciones Políticas (1096).

Goitia ha delineado cinco ejes fundamentales para estas reformas, entre ellos fortalecer la independencia del TSE y recuperar la transparencia institucional. También ha propuesto reconfigurar el sistema de partidos políticos y garantizar los derechos políticos de todos los ciudadanos. Además, subrayó la importancia de limitar la judicialización de los procesos electorales mediante pautas claras que restrinjan la intervención judicial en asuntos electorales y refuercen el principio de preclusión, evitando así retrocesos en etapas ya concluidas del proceso electoral.

El presidente del TSE, Gustavo Ávila, también se ha sumado al llamado por ajustes normativos al señalar que las disposiciones actuales permiten cambios o impugnaciones a candidaturas incluso horas antes de las votaciones, lo cual compromete la certidumbre del proceso electoral. Ávila recordó que durante el último ciclo electoral se registraron 38 amparos constitucionales, lo cual refleja las tensiones existentes entre la jurisdicción electoral y el sistema judicial ordinario.

Además de estos debates sobre cambios normativos, se discuten propuestas adicionales como la creación de un nuevo padrón electoral con verificación biométrica y una mayor fiscalización sobre la militancia partidaria. También se cuestiona el régimen actual de sanciones electorales, considerado por muchos como desproporcionado y susceptible a ser utilizado con fines políticos. Este contexto evidencia una necesidad urgente no solo de revisión normativa sino también de construir un sistema electoral más robusto y confiable para todos los bolivianos.