El reciente Decreto Supremo 5603, publicado el lunes, ha generado un intenso debate en el sector de hidrocarburos en Bolivia. Esta normativa autoriza de manera excepcional la importación de petróleo con el objetivo de llevar a cabo pruebas de desarrollo experimental que busquen fomentar la incorporación de nuevas tecnologías e iniciativas en el procesamiento del crudo. Sin embargo, las opiniones sobre esta medida no han sido unánimes.

Álvaro Ríos, exministro de Hidrocarburos, expresó su preocupación respecto a la ambigüedad del decreto en un contexto de creciente inestabilidad en el sector. En sus declaraciones, Ríos subrayó que este tipo de medidas puede no ser suficiente para abordar los problemas actuales, señalando que es fundamental liberar la importación de combustibles a partir de junio para facilitar una respuesta más efectiva a las necesidades del mercado.

El decreto establece que la autorización para importar petróleo está dirigida a personas jurídicas, tanto públicas como privadas o mixtas, debidamente constituidas en el país. Además, se especifica un límite de importación que alcanza hasta 7.500 barriles anuales. Sin embargo, Ríos cuestiona la efectividad de esta medida al recordar que las refinerías bolivianas operan actualmente a solo un 30% de su capacidad instalada. Según él, lo más que podría lograrse con este decreto es que las refinerías realicen un uso limitado de su capacidad.

La crítica hacia el decreto también se extiende al contexto actual del país, donde las protestas por la escasez y los precios desestabilizados de la gasolina han cobrado fuerza. En particular, el Comité pro Santa Cruz ha señalado que varias provincias enfrentan dificultades significativas debido a la falta de suministro de diésel en los últimos días.

Ríos concluyó su análisis sugiriendo que una solución más efectiva sería liberar los precios de la gasolina y diésel al nivel internacional. Esto no solo incentivaría una mayor participación del sector privado en áreas como la refinación e importación, sino que también podría contribuir a mejorar el abastecimiento y estabilizar los precios en el mercado interno. La situación actual destaca la necesidad urgente de encontrar soluciones viables ante los desafíos presentes en el sector energético boliviano.