El asambleísta Juan Condori ha solicitado formalmente al presidente de la Asamblea departamental, Damián Castillo Villarrubia, la promulgación de dos leyes que fueron devueltas con observaciones por el gobernador Oscar Montes. Esta solicitud se enmarca en un contexto legislativo donde las decisiones sobre la distribución de recursos económicos son cruciales para el desarrollo de los municipios y provincias productoras de hidrocarburos en Tarija.

Las leyes en cuestión fueron previamente sancionadas por la Asamblea departamental, pero su implementación ha sido detenida debido a las observaciones planteadas por el gobernador. La primera ley busca destinar un 1.5% de los ingresos de la gobernación a cada uno de los ocho municipios del departamento. Esta medida tiene como objetivo fortalecer la autonomía y capacidad financiera de estas localidades, que han enfrentado desafíos significativos en términos de recursos.

La segunda ley se refiere a la distribución del 45% de las regalías generadas por la producción de gas, que también debe ser asignado a cada provincia, incluyendo el Gran Chaco. A diferencia de la primera ley, esta normativa aún no ha sido objeto de análisis por parte del pleno de la Asamblea respecto a las observaciones del gobernador.

Condori hizo hincapié en que hasta el momento el pleno no ha tomado una posición sobre ninguna de las dos leyes, lo que significa que no se ha llevado a cabo un debate sobre las observaciones realizadas por el gobernador. En caso de que se declare infundadas estas observaciones, correspondería al presidente del legislativo proceder con su promulgación. Sin embargo, existen dudas sobre si estos temas serán abordados antes del final del periodo legislativo actual, lo que podría llevar a que queden pendientes para la siguiente gestión.

En cuanto a la Ley del 1.5% destinada a los municipios, el gobernador ha argumentado que el Ejecutivo enfrenta limitaciones financieras que dificultan mantener este apoyo económico, ya que actualmente se encuentra en un 1%, cifra establecida desde mediados de la década anterior. Este argumento plantea un dilema sobre la sostenibilidad y viabilidad económica del gobierno departamental y su capacidad para apoyar a los municipios.

La situación refleja una clara tensión entre las necesidades locales y las realidades económicas del gobierno departamental, evidenciando la complejidad del proceso legislativo y la importancia de una adecuada gestión financiera para garantizar el desarrollo regional.