En el contexto de una investigación en curso sobre presuntas irregularidades en la construcción del Instituto Gastroenterológico de La Paz, las autoridades policiales han llevado a cabo la aprehensión del representante legal de la empresa encargada de la obra. Este hecho se produjo el martes y forma parte de un proceso más amplio que busca esclarecer el cumplimiento de los contratos relacionados con esta importante infraestructura médica.
Cheryl Sempertegui, jefa del Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupción (Delcc), explicó que el detenido está siendo investigado por posibles incumplimientos contractuales y por la firma de contratos que podrían resultar perjudiciales para el Estado. La investigación ha revelado diversas irregularidades en el desarrollo del proyecto, incluyendo deslizamientos que han ocasionado un notable deterioro en las instalaciones.
Las autoridades no descartan la posibilidad de convocar a otras personas vinculadas a la empresa constructora, lo que sugiere que el caso podría ampliarse a otros actores involucrados en este proyecto. El Instituto Gastroenterológico, cuya construcción fue proyectada durante la administración del expresidente Evo Morales y finalizada bajo el gobierno de Luis Arce, aún no ha sido entregado oficialmente a la población, generando preocupación sobre su estado y funcionalidad.
Ubicado en la avenida Zabaleta, este centro de salud representa una inversión significativa por parte del Estado boliviano, con un costo superior a los 739 millones de bolivianos. El plan original contemplaba una moderna infraestructura que incluiría cinco quirófanos integrados, 15 consultorios médicos, un laboratorio destinado a pruebas funcionales y varias salas equipadas para endoscopias tanto en adultos como en pediatría.
A medida que avanza la investigación, se espera que se esclarezcan las responsabilidades y se tomen las acciones adecuadas para garantizar que este tipo de irregularidades no se repitan en futuros proyectos públicos. La situación pone de relieve la importancia de un control riguroso sobre las obras financiadas con recursos estatales, especialmente aquellas dedicadas a mejorar los servicios de salud en el país.
