El reciente desarrollo en el caso Marset ha suscitado una serie de reacciones y aclaraciones por parte de las autoridades judiciales. El ministro de Gobierno, Marco Oviedo, informó sobre la aparición de una nueva caja fuerte vinculada a este caso, la cual supuestamente no fue aceptada por el Ministerio Público. En respuesta, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, expresó su preocupación señalando que los intentos por presentar pruebas e indicios no se realizaron conforme al procedimiento legal establecido.
Mariaca enfatizó que los nuevos elementos mencionados por el ministro no cumplen con los estándares requeridos por los tratados internacionales, la Constitución Política del Estado y los protocolos procesales. Esto acarrea una responsabilidad netamente para el fiscal que lleva adelante la investigación, subrayó el fiscal, quien también destacó la importancia de seguir el conducto regular para la presentación de cualquier indicio o evidencia.
La autoridad judicial recordó que, desde el inicio del caso, si se hubiera actuado de manera adecuada, habría existido un control jurisdiccional que garantizara la correcta gestión de la información y las pruebas. Según Mariaca, es fundamental que el Ministerio Público asuma su rol en la acción penal y la dirección de las investigaciones bajo la supervisión de jueces competentes, mientras que la Policía tiene un papel operativo en este proceso.
Además, el fiscal sugirió al ministro Oviedo considerar abrir una investigación sobre la presunta existencia de dinero y otros objetos valiosos relacionados con el caso. Por su parte, Oviedo argumentó que la Fiscalía había rechazado recibir dicha caja fuerte, lo cual llevó a su entrega al juzgado encargado de atender una denuncia sobre la pérdida de objetos valiosos en la vivienda de Marset durante un operativo realizado el 13 de marzo.
Este operativo también había dado lugar al hallazgo de otras dos cajas fuertes en una propiedad relacionada con Marset. Sin embargo, días después fueron abiertas ante los medios de comunicación y las autoridades pertinentes, revelando que estaban vacías. La situación continúa generando controversia y expectativa sobre cómo se desarrollarán las investigaciones y las implicaciones legales para todas las partes involucradas.
