El Presupuesto General del Estado 2026 reformulado sigue generando preocupación debido al elevado gasto público y al persistente déficit fiscal, según observaciones realizadas por la fundación “Jubileo”. A pesar de las expectativas de una reducción significativa del gasto, el investigador económico de la Fundación, René Martínez Céspedes, señaló que no se han visto los ajustes necesarios para abordar la crisis económica actual.
Martínez Céspedes destacó que el país ha estado enfrentando un profundo déficit fiscal, el cual se ha financiado en gran medida con créditos del Banco Central de Bolivia y con emisión monetaria, lo que ha contribuido a niveles elevados de inflación en años anteriores. A pesar de que se esperaba un ajuste económico que incluyera la reducción del gasto, el presupuesto reformulado no refleja una disminución significativa, e incluso en algunas partidas se observa un aumento.
En los últimos años, el déficit fiscal se ha mantenido alrededor del 10% del Producto Interno Bruto (PIB), llegando incluso al 12% el año pasado. Se esperaba una reducción gradual para alcanzar un déficit del 4%, sin embargo, en este presupuesto se proyecta un déficit del 9.2%, lo que representa una disminución mínima y no suficiente para abordar la situación actual. Estos indicadores sugieren que las presiones inflacionarias persistirán si el gasto público no se reduce de manera significativa.
La demora en la aprobación del presupuesto reformulado también ha generado inquietud, ya que a pesar de las promesas de tenerlo listo en meses anteriores, aún no ha sido aprobado. La necesidad de recortar el gasto de manera urgente se vuelve cada vez más apremiante para evitar mayores complicaciones económicas en el futuro.
El investigador enfatizó que es crucial tomar medidas con prontitud para abordar las presiones inflacionarias y salir de la crisis actual. Recordó que el año pasado se identificaron claramente los factores que contribuyeron a la crisis y las políticas de ajuste necesarias, como la revisión del gasto de las empresas públicas y cambios en sectores clave como hidrocarburos y exportaciones. Sin embargo, la urgencia de actuar de manera decisiva sigue siendo imperante para evitar consecuencias más graves a largo plazo.
