En una jornada marcada por tensiones y acusaciones, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, presentó un informe que ha generado controversia en el ámbito político de Santa Cruz de la Sierra. En este informe se menciona la declaración de un abogado que representa a la familia Crapuzzi, quien sostiene que el concejal José Quiroz fue el responsable de entregar documentación relacionada con los predios del mercado Mutualista.
El concejal Quiroz no tardó en responder a estas afirmaciones, negando categóricamente haber proporcionado cualquier plano o documento. Durante su intervención, destacó que en las instalaciones del Concejo Municipal existen cámaras de seguridad que podrían respaldar su versión. Yo nunca he entregado ningún plano. Aquí hay cámaras en el Concejo, y además, la secretaría hace señal cuando trae el documento; a mí no me llegó nunca, pese a que yo solicité el plano, expresó Quiroz, dejando claro su desacuerdo con las declaraciones del abogado.
El informe presentado por Saucedo detalla que durante la declaración, se le preguntó al abogado Crapuzzi cómo había obtenido los planos en cuestión. Según Saucedo, este abogado afirmó que fue el concejal Quiroz quien se los entregó a solicitud expresa de la familia. Además, subrayó que Quiroz era considerado como la única persona con acceso a la Secretaría Municipal de Planificación (Sempla), lo cual complicaría aún más su defensa.
A pesar de las acusaciones en su contra, Quiroz se mostró firme en su postura. Aseguró no haber recibido ninguna documentación sobre los predios y enfatizó que la Alcaldía carecía de los documentos necesarios para demostrar el derecho propietario en medio del litigio con la familia Crapuzzi. A mí nunca me llegó, pese a que yo solicité esa documentación; el derecho propietario de la Alcaldía para nosotros no teníamos ninguna documentación y éramos demandados por la familia Crapuzzi, indicó.
El concejal también arremetió contra Waminqa Serrano, el abogado mencionado, acusándolo de mentir sobre los hechos. Según Quiroz, Serrano había fabricado afirmaciones erróneas al declarar que no había recogido previamente documentos relevantes de la biblioteca municipal. Este intercambio verbal pone de manifiesto un clima de desconfianza y tensión entre los actores involucrados en esta disputa legal.
En medio de este contexto complicado y lleno de acusaciones mutuas, queda claro que el caso del mercado Mutualista sigue generando controversias tanto a nivel judicial como político en Santa Cruz de la Sierra. La situación plantea interrogantes sobre la transparencia y las prácticas dentro del ámbito municipal, mientras los implicados continúan defendiendo sus posturas ante un escenario cada vez más tenso.
