Los casos que actualmente se encuentran bajo la revisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) no podrán ser unificados, debido a que ingresaron en diferentes momentos y su consolidación requeriría la voluntad tanto del Estado boliviano, que es el demandado, como de los denunciantes. Esta aclaración proviene del abogado Gerardo Prado, quien está impulsando uno de los juicios en estas instancias internacionales.
Prado enfatizó que el Estado boliviano ha mostrado un desconocimiento en cuanto al procedimiento establecido por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. A pesar de las solicitudes del Estado para unificar los casos, la CIDH le respondió de forma educada que esta posibilidad no era viable. La razón radica en que el caso del boliviano Mario Tadic ya había avanzado a la etapa de informe de fondo, mientras que los otros casos aún se encontraban en la fase de admisibilidad.
El trasfondo de este litigio internacional se remonta a abril de 2009, cuando un grupo policial conocido como UTARC llevó a cabo un asalto al hotel Las Américas, resultando en la trágica muerte de tres ciudadanos extranjeros. Este incidente se ha conocido como el caso ‘Terrorismo’. En septiembre del mismo año, Gerardo Prado, actuando como abogado defensor de Mario Tadic —uno de los detenidos en relación con este caso— presentó una denuncia ante la CIDH. Después de un prolongado proceso que incluyó años sin avances significativos, finalmente se declaró la admisibilidad del caso. Posteriormente, al no lograrse un acuerdo con el Estado, se remitió a la Corte IDH para su resolución.
El abogado estima que el juicio podría comenzar este año o a principios del siguiente. Según su análisis, dado que gran parte de las pruebas ya han sido presentadas, se anticipa que el proceso será relativamente breve y podría concluir con una decisión hacia finales del año en curso. Actualmente, tanto el Estado boliviano como los demandantes están en la fase de presentación de alegatos. Sin embargo, Prado subrayó que este proceso resulta complicado debido a que la Corte IDH solo convoca sesiones dos veces al año y tiene una carga considerable de casos pendientes.
Prado detalló cómo su intervención comenzó con Mario Tadic en 2009 y cómo posteriormente incluyó a otros detenidos como Juan Carlos Guedes Bruno y Alcides Mendoza. Estos se sumaron a la petición original tras ser traídos a La Paz. Más adelante, Elot Tóázó y la familia de Michael Dwyer también se adhirieron al proceso.
El abogado resaltó además que es posible alcanzar acuerdos entre las partes antes del veredicto final en cualquier proceso penal. Sin embargo, hasta ahora no ha habido acercamientos por parte de las autoridades bolivianas para entablar algún tipo de negociación con sus clientes. Asimismo, Prado indicó que no tiene conocimiento sobre intentos por parte del actual Gobierno para comunicarse con ellos desde Bolivia.
