La situación del general Juan José Zúñiga ha tomado un giro inesperado en el ámbito judicial boliviano. Debido a la imposibilidad de trasladarlo a La Paz, los jueces y fiscales del juzgado 24 de sentencia decidieron trasladarse hasta Cochabamba para iniciar un juicio relacionado con un supuesto desvío de 2,7 millones de bolivianos provenientes de los bonos Juancito Pinto y Renta Dignidad, en un caso que data de 2012. Este proceso judicial se reanudará en junio, según confirmó su abogado, Eduardo León.

León indicó que el juicio comenzó en Cochabamba con la presentación de alegatos y la declaración del general Zúñiga. Hasta el momento, se han presentado varias pruebas y se espera que las inspecciones y declaraciones de testigos se realicen el 1 y 2 de junio en La Paz. Esta dinámica refleja la complejidad del caso, que ha resurgido en medio de tensiones políticas.

El origen de esta controversia se sitúa en febrero de 2025, cuando la Fiscalía no avanzó con las investigaciones relacionadas con el denominado ‘golpe frustrado’ durante el gobierno de Luis Arce. En ese contexto, surgió una denuncia por un presunto desfalco que involucra la misma suma económica mencionada. Cabe destacar que este caso había sido previamente abordado en tribunales militares en 2012, año en el que ocurrieron los supuestos hechos.

La denuncia sobre el proceso militar y el presunto desfalco fue revelada públicamente por el expresidente Evo Morales en 2022, justo cuando las tensiones políticas entre él y el gobierno actual comenzaron a intensificarse. Morales hizo alusión al proceso militar contra Zúñiga en un momento crítico para el Movimiento al Socialismo (MAS), lo que generó un clima de división interna. En este contexto, Morales acusó que se estaba creando un proceso judicial contra Zúñiga como parte de una estrategia para desacreditarlo y limitar sus posibilidades de recuperar su libertad.

Eduardo León argumenta que este nuevo juicio carece de fundamento legal, dado que Zúñiga ya había sido procesado anteriormente por este mismo delito en el ámbito militar. Según su interpretación, la Constitución Política del Estado prohíbe juzgar a una persona dos veces por los mismos hechos. Además, León subrayó irregularidades en la denuncia original; mencionó que el denunciante se retractó y huyó, mientras que otros testigos también han desaparecido del proceso.

El abogado concluyó señalando que la situación actual no solo pone en entredicho la validez del juicio contra Zúñiga, sino que también refleja las profundas divisiones políticas dentro del MAS y las complicaciones inherentes a los procesos judiciales en Bolivia. La atención ahora se centra en cómo evolucionará este caso durante las próximas audiencias programadas para junio.