La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), en colaboración con la Policía Boliviana, llevó a cabo un significativo operativo en el municipio de Sorata, ubicado en la provincia Larecaja del departamento de La Paz. Esta acción se centró en combatir la creciente problemática de la minería ilegal en una zona conocida como Mirca, donde se han reportado actividades extractivas no autorizadas.

La intervención fue motivada por múltiples denuncias que alertaban sobre la explotación minera en un área revertida, específicamente cerca de las comunidades de Lambramani y Huaynapata. Este terreno no cuenta con los permisos necesarios para llevar a cabo operaciones mineras, lo que convierte a cualquier actividad realizada allí en ilegal.

Al realizar la inspección en el lugar, el equipo técnico de la AJAM constató la presencia de maquinaria pesada, incluyendo retroexcavadoras y equipos destinados al procesamiento de minerales. Asimismo, se descubrió un campamento que indicaba que las actividades mineras estaban operando sin respetar la normativa vigente. Este hallazgo subraya la magnitud del problema de la minería ilegal en el área.

Con el respaldo de unidades tácticas de la Policía Boliviana, se procedió a inutilizar toda la maquinaria encontrada y desmantelar el campamento. Esta medida busca poner fin a las operaciones ilegales que se estaban llevando a cabo y enviar un mensaje claro sobre las consecuencias de actuar al margen de la ley.

Un análisis preliminar realizado tras el operativo estima que las acciones emprendidas han provocado una afectación económica significativa para las actividades clandestinas detectadas, con pérdidas que oscilan entre 1,5 y 2 millones de dólares. Este impacto económico resalta no solo la magnitud del problema, sino también el compromiso de las autoridades por proteger los recursos naturales del país.

La AJAM ha reafirmado su compromiso de continuar con los operativos de control y fiscalización en diversas regiones del país. Estas acciones se llevarán a cabo en coordinación con otras instituciones pertinentes, con el objetivo de garantizar el cumplimiento estricto de la normativa minera y salvaguardar los recursos naturales del Estado boliviano.