Un reciente acuerdo político multipartidario alcanzado en Santa Cruz proyecta la obtención de un significativo financiamiento externo para el país. Las estimaciones iniciales sugieren que este crédito podría ascender a unos 500 millones de dólares. Esta cifra preliminar, según declaraciones de un parlamentario de oposición, se consolidará tras el trabajo de una comisión mixta que se conformará entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa Plurinacional, tal como se estipuló en el pacto.

El documento del acuerdo establece, en uno de sus puntos clave, el compromiso del órgano legislativo de aprobar la normativa necesaria para asegurar los recursos económicos requeridos para el desarrollo del próximo proceso electoral. Esto abarca específicamente los fondos destinados a facilitar el voto de los ciudadanos bolivianos residentes en el exterior. Para definir las necesidades precisas, se creará una instancia conjunta con representantes de ambos órganos del Estado.

La proyección de 500 millones de dólares por parte del parlamentario se fundamenta en que el financiamiento no se limita únicamente al costo del voto en el exterior (estimado en alrededor de 10 millones de dólares por el ente electoral), sino que también contempla la necesidad de asegurar el abastecimiento de combustibles en el país hasta la transición gubernamental. Mantener la estabilidad en la provisión de carburantes se considera esencial para evitar contratiempos logísticos y permitir que el proceso electoral se desarrolle sin mayores dificultades, cumpliendo el cronograma previsto, según la perspectiva del legislador.

No obstante, existe una condición para la aprobación de nuevos empréstitos: el legislativo, en particular los sectores de oposición, requeriría conocer con precisión y total transparencia el destino de los créditos previamente obtenidos por el país, según indicó el mismo parlamentario. Se estima que en los últimos cuatro años se han aprobado en la Asamblea Legislativa préstamos por un monto aproximado de 5 mil millones de dólares. Sin embargo, la falta de información detallada y transparente sobre la ejecución y el destino específico de estos recursos genera preocupación. Un ejemplo citado es el proyecto del aeropuerto de Tarija, para el cual se aprobó un crédito de 37 millones de dólares en 2023, pero que a la fecha presenta un avance físico mínimo, estimado en solo 4.5%. La interrogante sobre la utilización de esos fondos y la falta de progreso en proyectos financiados con deuda explican las reservas ante la solicitud de nuevos préstamos.

En otro tema relevante, el parlamentario abordó la reciente inclusión de Bolivia en la lista gris de un organismo financiero internacional dedicado al control de flujos monetarios ilícitos y lavado de activos. Considera que esta medida es un indicativo de la presencia de este tipo de actividades en el territorio nacional. Reconoció que actualmente el país carece de la legislación adecuada y suficiente para ejercer un control efectivo sobre estas operaciones, lo que deriva en una percepción de excesiva permisividad, vista como un factor perjudicial. Calificó la situación como una voz de alerta para que Bolivia emprenda acciones correctivas y prevenga estas actividades mediante la implementación de un marco legal robusto. Recordó que un proyecto de ley previo, orientado a la investigación de fortunas, no avanzó precisamente por no estar enfocado en el control de fondos de origen ilícito