El Movimiento Cívico Nacional declaró este 2 de septiembre de 2026 que Bolivia atraviesa una crisis de combustibles y pidió al Gobierno aplicar reformas urgentes para enfrentar la falta de diésel y gasolina, en un contexto marcado por la tensión económica y las dificultades de abastecimiento que afectan a distintos sectores del país.
Reunido en la Casa de la Unidad, en Cochabamba, el bloque que agrupa a organizaciones e instituciones de los nueve departamentos sostuvo mediante un comunicado que la situación responde a la falta de recursos financieros del Gobierno y de YPFB. Desde esa evaluación, exigió levantar de inmediato las restricciones para que el sector privado pueda participar en la búsqueda de una solución.
En su planteamiento, el Movimiento Cívico Nacional insistió en reducir la carga impositiva para los actores privados vinculados a la importación, comercialización y distribución de combustibles. A su juicio, esa medida ayudaría a frenar el contrabando, el agio, la especulación y la corrupción. También pidió eliminar el cobro de aranceles aduaneros y que YPFB ponga su infraestructura al servicio de importadores y distribuidores.
La organización remarcó que cualquier salida a la crisis energética debe evitar impactos sobre la seguridad alimentaria y el poder adquisitivo de la población. En ese marco, demandó la derogación del Decreto Supremo 5676, al considerar que su aplicación elevó costos y profundizó distorsiones en la economía. Además, planteó revisar la normativa vinculada a la subvención, para adecuarla a la realidad económica y productiva del país.
Otro de los puntos centrales de su declaración fue la propuesta de una nueva distribución de los recursos tributarios nacionales: 50% para el nivel central del Estado y 50% para gobernaciones, gobiernos municipales, autonomías indígena originario campesinas y universidades públicas autónomas. Ese planteamiento, señalaron, debe incorporarse al proceso de Pacto Fiscal y al régimen autonómico.
La posición cívica se da en medio de la agenda 50/50 firmada en agosto de 2026 entre el Gobierno Nacional y los nueve gobernadores, orientada a revisar la distribución de recursos y fortalecer las autonomías bajo criterios de equidad, solidaridad y equilibrio territorial. En esa misma línea, el Movimiento Cívico Nacional pidió al Legislativo tratar de inmediato las iniciativas destinadas a penalizar el bloqueo de vías fundamentales, al considerar que estas acciones golpean el desarrollo económico y la paz social.
El pronunciamiento también llamó a transformar el modelo energético del país para reducir la presión fiscal y garantizar un abastecimiento sostenible de combustibles con criterios de justicia económica y protección social. Según el documento, no atender la crisis puede repercutir en la producción, el transporte, los alimentos, la inflación y el costo de vida. Por ello, planteó proteger a la población, resguardar la producción de alimentos, cuidar el transporte estratégico, eliminar contrabando y fugas, optimizar la infraestructura nacional, aprovechar la capacidad de refinación, focalizar la protección económica y reducir costos antes de subir precios.
Finalmente, el Movimiento Cívico Nacional exigió una reunión con el presidente Rodrigo Paz antes del 14 de septiembre, junto con los nueve presidentes cívicos del país. Sostuvo que el Gobierno debe garantizar la seguridad alimentaria de todos los hogares y no trasladar a la población ni a los sectores productivos el costo de la crisis.
Del lado del Ejecutivo, la postura ha sido distinta. El Gobierno descartó abrogar el Decreto Supremo 5676, aunque dejó abierta la posibilidad de mesas de diálogo para ajustes técnicos con los sectores afectados. El ministro de Economía, Christian Morales, ratificó que se mantendrá la eliminación del subsidio para Grandes Consumidores, con el objetivo de aliviar la carga fiscal del Estado. En ese esquema, el litro para ese sector fue fijado en 18 bolivianos, mientras que para transportistas y particulares se mantiene en Bs 9,80.
A su vez, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, anunció que se convocará formalmente a los sectores involucrados para revisar la aplicación de la medida y tomar decisiones en conjunto, con transparencia sobre la situación económica del país. Frente a las largas filas en los surtidores, el Ejecutivo analiza además sugerencias para optimizar el registro informático B-SISA e implementar sistemas de compra anticipada, como parte de los esfuerzos para agilizar la distribución de carburantes.
