La Justicia paraguaya ha decidido avanzar con un juicio oral y público contra diez supuestos colaboradores del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, revelando así la magnitud internacional de su organización criminal y sus conexiones con seis ciudadanos bolivianos. Esta resolución fue confirmada el pasado miércoles por un Tribunal de Apelación especializado en crimen organizado, el cual desestimó los recursos de apelación presentados por la defensa de los acusados, manteniendo firme la decisión de juzgar a los implicados por delitos relacionados con el narcotráfico y la asociación criminal.

Los procesados incluyen a cuatro brasileños: Glauber Fernández Dubái (42), Adalberto Riveiro Machado (37), Jonathan Da Silva Brum (31), Bruno Wesley Borges Amador (27) y Rhuan Da Silva Aires (24). Junto a ellos, se encuentran los seis bolivianos: Carlos Andrés Cuellar Garrido (24), Franklin Muñoz Sossa (39), Jesús Wilfredo Muñoz Espíndola, conocido como Paye (38), Ysaias Ayala (30) y Edwin Osinaga Vias (32). Todos estos individuos son considerados por la Fiscalía como operadores logísticos dentro de la estructura criminal que dirige Marset, en colaboración con otros grupos del crimen organizado en la región.

La investigación se remonta a un operativo llevado a cabo el 23 de febrero de 2024 en la estancia Allaite, situada en Sierra León, Alto Paraguay, cerca de la frontera con Bolivia. Este procedimiento fue realizado por el Ministerio Público en conjunto con unidades antidrogas, resultando en la captura de los sospechosos y la incautación de una avioneta Cessna modelo Centurión II con matrícula boliviana CP-3177. Durante este operativo también se encontraron armas, combustible y diversos elementos relacionados con actividades delictivas.

La Fiscalía paraguaya ha identificado a los seis bolivianos y cuatro brasileños como parte integral de la red delictiva encabezada por Sebastián Enrique Marset Cabrera y Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico. Esta organización fue desmantelada durante una megaoperación conocida como A Ultranza PY. Un elemento crucial para el desarrollo del caso es el análisis forense realizado sobre la aeronave incautada, que detectó partículas de cocaína. A pesar de que el abogado defensor de los bolivianos, Daniel Garcete, intentó impugnar esta evidencia argumentando irregularidades en su obtención, el Tribunal aceptó su validez como prueba anticipada.

Los magistrados del Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos, Anticorrupción y Crimen Organizado también rechazaron otros incidentes planteados por los defensores, incluyendo solicitudes para anular la acusación o aplicar criterios que eviten el juicio. Los jueces sostuvieron que los delitos investigados ocurrieron dentro del territorio paraguayo, lo que les confiere plena jurisdicción sobre el caso.

Este proceso judicial no solo es significativo para Paraguay; también forma parte de un esfuerzo más amplio a nivel regional para desmantelar las redes narcotraficantes que operan entre varios países sudamericanos. Estas organizaciones utilizan rutas aéreas clandestinas y complejas estructuras logísticas para llevar a cabo sus actividades ilícitas.

El avance en este caso se produce en un contexto donde Bolivia y otras naciones están llevando a cabo investigaciones paralelas para identificar a todos los posibles involucrados en la red liderada por Marset, quien es considerado uno de los actores más prominentes del narcotráfico en Sudamérica en los últimos años. Cabe recordar que Marset fue capturado en Santa Cruz el 13 de marzo y posteriormente entregado a agentes de la DEA, quienes lo trasladaron a Estados Unidos para ser procesado por lavado de dinero.

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