María René Soruco, recientemente elegida gobernadora del departamento de Tarija, se enfrenta a un panorama complicado al asumir su cargo. La economista y nueva autoridad está consciente de que su gestión no será sencilla, ya que heredará una Gobernación marcada por problemas económicos significativos, con ingresos fiscales en descenso y una deuda pública alarmantemente alta.
La situación financiera de la Gobernación es crítica. Según los datos que ha compartido el saliente gobernador Oscar Montes, los ingresos por concepto de renta petrolera para el año 2026 estaban inicialmente proyectados en 393 millones de bolivianos. Esta cifra incluye 312 millones de regalías y otros impuestos relacionados con hidrocarburos. Sin embargo, Montes ha advertido sobre una caída del 30% en estos ingresos, lo que implica que la realidad es mucho más sombría de lo que se había anticipado.
Erick Montaño, secretario de Economía y Finanzas Públicas de la Gobernación, también ha expuesto cifras preocupantes. En un reciente informe, mencionó que los desembolsos por regalías alcanzaron solo 17,5 millones de bolivianos. De esta cantidad, gran parte se destina al pago de deudas previas y obligaciones relacionadas con proyectos no finalizados. En este contexto, la Gobernación enfrenta una deuda acumulada por salarios que asciende a 3 millones de bolivianos y necesita más de 8 millones mensuales para cubrir los gastos operativos esenciales.
La crisis fiscal ha llevado a la administración saliente a limitar la ejecución de programas sociales fundamentales. Montes ha señalado que no hay recursos suficientes para licitar iniciativas como el Programa Solidario Comunal (Prosol) o las canastas alimentarias destinadas a personas mayores y con discapacidad. Estos programas son vitales para el bienestar social en Tarija, pero ahora corren el riesgo de verse comprometidos debido a la falta de financiamiento.
Además de un déficit financiero considerable, Soruco heredará un conjunto importante de obligaciones sociales. La deuda total de la Gobernación ronda los 955 millones de bolivianos, con aproximadamente 803 millones correspondientes a préstamos con entidades financieras. Esto plantea un desafío adicional para la nueva gobernadora, quien también deberá atender las demandas del sector campesino por un aumento en el monto asignado al Prosol y restituir el número completo de canastas alimentarias a los adultos mayores.
El economista Fernando Romero ha caracterizado el desafío ante el que se encuentra Soruco como retos titánicos. En su opinión, será crucial implementar una reingeniería financiera que podría acarrear costos políticos y sociales significativos. Romero subraya la importancia de establecer un diálogo efectivo con la Asamblea Legislativa Departamental para asegurar la gobernabilidad necesaria para llevar a cabo reformas fundamentales.
Asimismo, sugiere que Soruco deberá buscar una relación constructiva con el Gobierno Nacional para facilitar la obtención de fideicomisos y financiamientos internacionales que podrían ser determinantes para aliviar la crisis financiera del departamento. La capacidad del nuevo equipo técnico que Soruco seleccione será fundamental en este proceso; Romero enfatiza la necesidad de contar con profesionales idóneos en lugar de vínculos políticos.
Ante este complejo escenario económico y social, Soruco ha manifestado su intención de no perder tiempo e iniciar inmediatamente el proceso de transición. La urgencia es palpable; cada día cuenta en su esfuerzo por desarrollar un plan efectivo que permita restablecer las finanzas departamentales sobre bases sólidas y realistas. La tarea es monumental, pero también crucial para garantizar un futuro más estable para Tarija y sus ciudadanos.
