La situación de las niñas y niños de los pueblos Guaraní y Weenhayek en Bolivia es alarmante, especialmente en lo que respecta a la violencia sexual. La distancia, la pobreza y la falta de presencia del Estado en estas regiones dificultan el acceso a la justicia, lo que se traduce en un alto índice de impunidad. Anahí Araceli Acosta López, reconocida artesana y líder del pueblo Weenhayek en Villa Montes, expresa su frustración al afirmar: Yo no conozco la justicia, ni la ordinaria ni la de mi pueblo. Su declaración es un reflejo del sentir generalizado entre las mujeres líderes indígenas que enfrentan una serie de obstáculos a la hora de buscar justicia para las víctimas menores de edad.

El diagnóstico sobre el acceso limitado a la justicia se ve respaldado por datos del Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas (OBSCD), que reportó cerca de siete mil denuncias de agresiones sexuales a menores en 2025. Sin embargo, no se dispone de información específica sobre cuántas de estas víctimas pertenecen a comunidades indígenas, lo que agrava su invisibilidad dentro del sistema.

La lejanía geográfica y la pobreza son factores que agravan la vulnerabilidad de los menores en estas comunidades. Teodora González, mburuvicha de Huacaya, describe cómo debe recorrer extensas distancias para atender casos de agresión sexual, enfrentando dificultades logísticas significativas. La falta de recursos para transportarse a las ciudades donde se deben presentar las denuncias limita gravemente el acceso a la justicia. Ella señala: “Movilizarnos es una de las principales dificultades”, enfatizando el esfuerzo físico y emocional que implica este proceso.

Una vez que se logra escuchar a una víctima, el camino hacia un proceso penal exitoso es largo y complicado. Las víctimas a menudo se desisten debido al desgaste emocional y económico que implica continuar con el proceso legal. La falta de recursos como psicólogos locales también contribuye a que muchas víctimas no reciban el apoyo necesario para superar sus traumas.

Pablo Rivero, docente del Centro Educativo Alternativo Weenhayek en Villa Montes, relata un caso frustrante donde una niña víctima no pudo acceder a la justicia debido a la distancia: “A media noche el autor confesó que sí cometió el hecho”, recuerda Rivero; sin embargo, los padres debían trasladarse 150 kilómetros para presentar una denuncia formal. Este tipo de situaciones deja claro cómo las limitaciones logísticas pueden llevar a que muchos casos queden sin resolver.

La interacción entre la justicia indígena y la ordinaria también presenta desafíos significativos. Aunque la Constitución boliviana reconoce ambos sistemas como parte de un marco jurídico pluralista, existe confusión sobre las competencias específicas en casos delicados como los delitos sexuales. Gabriela Paola Araoz López, vicepresidenta del Consejo de Género y Derechos Humanos del Órgano Judicial, señala que mientras el reconocimiento de la justicia indígena es un avance histórico, los delitos contra niños están fuera de su ámbito.

Hugo Molina, secretario de Justicia de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), destaca cómo algunas autoridades comunales intentan manejar casos graves bajo el paraguas de la justicia indígena, lo cual puede perpetuar situaciones de impunidad. La falta de capacitación adecuada para estas autoridades sobre sus atribuciones legales contribuye a esta problemática.

Anahí Acosta comparte su angustia personal al ver cómo en su comunidad las niñas son víctimas frecuentes del abuso sexual, muchas veces con el consentimiento tácito o explícito de sus familias. Ella lamenta: “En mi sector hay niñas juntadas con hombres mucho mayores”, reflejando una cultura donde prevalecen prácticas nocivas que perpetúan ciclos de violencia.

El contexto estadístico también muestra deficiencias significativas; aunque miles de denuncias son registradas anualmente por agresiones sexuales a menores, muchos casos quedan fuera del radar debido a su origen indígena. Las cifras son consideradas incompletas por los líderes comunitarios debido al número elevado de incidentes no denunciados.

En respuesta a esta problemática compleja, algunos magistrados han comenzado a proponer soluciones prácticas para mejorar el acceso a la justicia en comunidades indígenas. Rosmery Ruíz, decana del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), mencionó durante un panel sobre voz indígena e injusticia territorial que es fundamental utilizar tecnología para tomar declaraciones desde lugares remotos y fomentar una mayor cooperación entre jurisdicciones para asegurar un enfoque más efectivo en estos casos sensibles.

Las líderes indígenas están dispuestas a colaborar para llevar justicia a sus comunidades y proteger así los derechos fundamentales de sus niños y niñas frente a situaciones atroces que deben ser erradicadas.