El exministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, se encuentra entre las seis exautoridades denunciadas por presuntamente causar un daño económico significativo a través de vuelos deficitarios de Boliviana de Aviación (BoA) hacia La Habana, Cuba. La denuncia fue confirmada este miércoles por el viceministro de Transparencia, Yamil García, quien había hecho pública la acusación el día anterior sin revelar inicialmente los nombres de los involucrados.
García afirmó que Montaño, junto a otros exfuncionarios, tenía pleno conocimiento de la situación y no tomó las medidas necesarias para evitar que el daño económico se intensificara. Entre los denunciados también figura Ronald Casso, exgerente de BoA, y cuatro exdirectores de la aerolínea estatal. Las acusaciones incluyen delitos como conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
El viceministro destacó que la lista de denunciados podría ampliarse si surgen nuevos elementos durante el desarrollo de la investigación. Aunque la denuncia fue hecha pública recientemente, el Viceministerio de Transparencia ya había presentado un informe formal ante el Ministerio Público por un presunto perjuicio al Estado que asciende a más de 18,4 millones de bolivianos. Esta denuncia fue admitida en la Fiscalía el 15 de abril.
En cuanto a los antecedentes del caso, se indica que la apertura de la ruta internacional hacia Cuba se llevó a cabo sin contar con un estudio adecuado que garantizara su viabilidad técnica y operativa. Un informe señala que las operaciones comenzaron en septiembre de 2023 de acuerdo a lo planificado y bajo un compromiso presidencial, sin haber validado previamente su sostenibilidad.
Desde octubre de 2023 hasta diciembre de 2025, se registró un impacto económico negativo que asciende a 14,4 millones de bolivianos, atribuible principalmente a una baja ocupación en los vuelos. Se utilizaron aeronaves con capacidad para más de 160 pasajeros; sin embargo, en algunas ocasiones los aviones volaron con tan solo 11 pasajeros a bordo.
Además del daño económico mencionado, se estima que hay un perjuicio adicional superior a los 4 millones de bolivianos relacionado con la adquisición de divisas en el mercado paralelo para cubrir las operaciones. Este proceso ha generado sobrecostos significativos y ha implicado la contratación de intermediarios para llevar a cabo estas transacciones, lo que ha resultado en el pago de comisiones adicionales.
