El desalojo de un grupo de maestros en la emblemática plaza Murillo de La Paz ha desencadenado una serie de incidentes violentos que han afectado a periodistas que cubrían la situación. Este miércoles, un pequeño contingente de educadores, que se había separado de una marcha convocada en defensa de sus demandas, logró infiltrarse en la plaza sin ser detectado por las fuerzas policiales. Mientras sus colegas marchaban por la calle Potosí, los maestros levantaron pancartas y se tumbaron en el suelo frente al parlamento, lo que provocó una rápida reacción de los uniformados.

Max Cachaca, un periodista con más de 20 años de experiencia en la cobertura política, relató su experiencia durante estos eventos. Nunca se había dado este tipo de hechos, afirmó, refiriéndose a la represión ejercida sobre los comunicadores. A pesar de estar realizando su labor informativa y tener su credencial visible, Cachaca y otros colegas fueron objeto de agresiones físicas y gaseados por la policía mientras intentaban documentar el desalojo.

Erika Segales, periodista del diario EL DEBER, también compartió su relato sobre lo sucedido. Ella mencionó que inicialmente había asistido para cubrir la presentación del Presupuesto General del Estado y no tenía intención de reportar sobre el conflicto. Sin embargo, al observar cómo la policía desalojaba a los maestros en el suelo, decidió grabar un video para informar a su audiencia. Lamentablemente, su intento fue interrumpido cuando las fuerzas del orden le lanzaron gas lacrimógeno directamente a la cara.

Los videos grabados por los periodistas reflejan claramente el clima tenso en la plaza. En ellos se puede escuchar a los policías gritando: “la prensa tiene que desalojar”, mientras intentaban dispersar a los educadores que se manifestaban pacíficamente. La situación empeoró cuando una compañera del medio TV UMSA comenzó a sentirse mal y el grupo intentó prestarle ayuda; sin embargo, esto fue interpretado erróneamente por la policía como resistencia y resultó en más agresiones.

La represión policial duró aproximadamente 15 minutos y se hizo evidente que los medios de comunicación no serían bienvenidos en el área para realizar sus coberturas habituales en el parlamento. Este acto provocó una preocupación considerable entre los comunicadores presentes.

En respuesta a estos incidentes, la Vicepresidencia emitió un comunicado condenando las agresiones sufridas por los periodistas y recordando que su labor está protegida por la Constitución Política del Estado. El comunicado enfatizó que estos hechos son inadmisibles y causan una profunda afectación a quienes ejercen el periodismo en Bolivia. La defensa del trabajo periodístico es fundamental para garantizar un flujo libre e informado de información en cualquier democracia.