La Fiscalía de La Paz ha culminado su investigación y, el pasado 17 de abril, presentó una acusación formal contra el exministro de Justicia César Siles y varios colaboradores en un caso que ha sacudido al sistema judicial boliviano. Este escándalo está vinculado a un presunto intento de destitución de la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Fanny Coaquira.
Los cargos que enfrenta Siles, quien formó parte del gobierno de Luis Arce, son graves e incluyen tráfico de influencias, consorcio y organización criminal. En la lista de acusados también se encuentran Yván Córdova y Claudia Castro, exvocales del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, así como Iván Campero, magistrado suplente del TSJ. También se menciona a Oscar Antonio de la Fuente Amelunge, abogado que presentó una Acción de Cumplimiento en Coroico, y un funcionario cuya supuesta participación en el direccionamiento del sorteo del caso ha sido señalada por la Fiscalía.
El fiscal Miguel Cardozo ha anunciado que el Ministerio Público solicitará una pena máxima de 10 años de prisión durante el juicio oral, destacando que se han presentado más de 40 pruebas en contra de los acusados. Entre estas evidencias se incluyen transcripciones de conversaciones grabadas y un informe derivado de una inspección ocular que establece claramente la implicación de los involucrados.
El escándalo comenzó a tomar forma en 2025 cuando emergieron audios en redes sociales que sugerían un plan orquestado para afectar el cargo de Coaquira. Se alegó que antes de asumir su puesto en el TSJ, Coaquira habría presentado documentación falsa para cumplir con los requisitos necesarios para su postulación. Eventualmente, fue elegida en diciembre del año anterior.
Las investigaciones apuntan a que este consorcio presionó al fallecido juez Fernando Lea Plaza para que fallara a favor de la destitución de Coaquira utilizando una Acción de Cumplimiento. Lea Plaza incluso presentó grabaciones donde supuestamente se escucha a Siles y otros mencionando un plan que incluía protección si lograban ejecutar su estrategia. Trágicamente, el juez se quitó la vida durante el proceso judicial.
Aunque se llegó a un acuerdo entre Siles y Córdova con Coaquira para reparar los daños a cambio del desistimiento penal, este fue desestimado por el Ministerio Público. Actualmente, Claudia Castro es la única persona detenida por este caso y se encuentra recluida en la cárcel de Obrajes. Por otro lado, De la Fuente Amelunge es considerado prófugo y los demás acusados han logrado obtener medidas sustitutivas a la detención preventiva mientras continúa este proceso judicial.
