Fernando Valverde expresa preocupación por la falta de recursos en el sistema judicial boliviano y rechaza la posibilidad de paro escalonado.
El presidente del Colegio de Abogados de Tarija, Fernando Valverde, ha levantado la voz en respuesta a la escasez de presupuesto en el Órgano Judicial de Bolivia, señalando la necesidad urgente de aumentar los recursos para garantizar un sistema judicial eficiente y accesible.
El presidente del Colegio de Abogados de Tarija, Fernando Valverde, ha emitido declaraciones en respuesta al anuncio realizado por autoridades del Órgano Judicial en relación con la posibilidad de llevar a cabo un paro escalonado que podría extenderse hasta convertirse en indefinido si no se incrementa el presupuesto asignado a este poder del Estado.
Valverde calificó la conferencia de prensa ofrecida por el presidente Saucedo y el presidente del Consejo de la Magistratura, doctor Spencer, como llamativa, reconociendo al mismo tiempo la legitimidad del reclamo por mayores recursos para la administración de justicia. Según Valverde, el Órgano Judicial recibe menos del uno por ciento del Presupuesto General del Estado, una asignación que considera insuficiente para cubrir las necesidades de un país que depende de un sistema judicial eficiente.
El representante del Colegio de Abogados destacó la disparidad en la distribución de recursos entre el Órgano Judicial y otros organismos estatales, a pesar de que la administración de justicia es una responsabilidad fundamental. Además, señaló que menos del 50% de las provincias del país cuentan con juzgados, y que varios municipios carecen de acceso a juzgados y fiscalías, lo que resulta en una limitación significativa para la población en términos de acceso a la justicia.
Valverde recordó la Cumbre por la Reforma Judicial del año pasado, donde se planteó la necesidad de aumentar el presupuesto judicial hasta un cinco por ciento, sin que hasta la fecha se hayan registrado avances significativos en ese sentido. Destacó que la transformación del sistema judicial requiere voluntad política para garantizar su independencia y proporcionar las condiciones adecuadas para su funcionamiento óptimo.
En cuanto a la mora judicial, Valverde ilustró la situación con el ejemplo de una Sala Social que registra retrasos de dos a tres años en la resolución de recursos de apelación, añadiendo que estos procesos pueden permanecer aún más tiempo en el Tribunal Supremo antes de obtener una resolución definitiva.
El presidente del Colegio de Abogados abogó por la creación de más juzgados, salas departamentales y magistrados nacionales como medida para reducir la mora estructural en el sistema judicial, a pesar de la necesidad de una mayor asignación presupuestaria para ello. Sin embargo, expresó su desacuerdo con la posibilidad de paralizar las actividades judiciales como forma de presión, argumentando que ello causaría un perjuicio irreparable a los usuarios que buscan acceso a la justicia.
En última instancia, Valverde manifestó su esperanza de que el anuncio de las autoridades judiciales genere un debate nacional sobre la importancia de aumentar el presupuesto del Órgano Judicial, con el objetivo de evitar la paralización de actividades. Reconoció la urgencia de incrementar la asignación presupuestaria, pero advirtió sobre las consecuencias catastróficas que tendría para los usuarios un eventual paro en el sistema judicial.
Fernando Valverde aboga por un aumento en el presupuesto del Órgano Judicial, pero rechaza la idea de un paro que afectaría a los usuarios que buscan acceso a la justicia.
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