La Terminal de Buses de Yacuiba, una infraestructura cuya construcción demandó una inversión superior a los 53 millones de bolivianos, permanece sin operar a pesar de haber sido concluida y recepcionada oficialmente hace tiempo. Esta situación ha generado preocupación entre las autoridades regionales y la comunidad local, que han señalado múltiples deficiencias que impiden la puesta en marcha del proyecto, fundamental para mejorar el transporte y la conectividad en la zona.
Durante una inspección realizada por la Asamblea Regional del Chaco, en conjunto con diversas organizaciones sociales y representantes del sector transporte, se pudo constatar que el principal obstáculo para el funcionamiento de la terminal radica en problemas relacionados con la propiedad del terreno donde se emplaza la obra. A pesar de que la construcción está terminada en su totalidad, los terrenos continúan registrados a nombre de terceros, específicamente de la familia Portillo. Esta falta de saneamiento jurídico impide que el Gobierno Regional pueda ejercer control efectivo sobre el predio, lo que a su vez dificulta cualquier gestión para habilitar servicios o mejorar accesos.
Además del problema legal sobre la titularidad, durante el recorrido se evidenciaron deficiencias significativas en las condiciones operativas y físicas del lugar. Se constató la ausencia total de servicios básicos esenciales para el funcionamiento de una terminal moderna como agua potable, electricidad operativa y sistemas sanitarios adecuados. También falta infraestructura vial adecuada que permita un acceso seguro y fluido para vehículos y peatones desde las principales vías de la ciudad hasta las instalaciones.
El informe técnico elaborado por el fiscal de obra revela que, aunque la ejecución física del proyecto alcanzó el 100%, el avance financiero quedó en un 89,64%, lo que refleja inconsistencias en los desembolsos y posiblemente retrasos administrativos. La obra fue desarrollada por la Asociación Accidental Alfa desde mediados de 2019 bajo un esquema financiero mixto entre la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) y el Gobierno Regional del Chaco. Originalmente planificada para concluirse en 630 días, finalmente tomó más del triple del tiempo previsto hasta su recepción definitiva en octubre pasado.
Durante la fiscalización también se detectaron irregularidades administrativas como falta de documentación clave para garantizar transparencia y control adecuado: no se presentaron los planos as-built que reflejan las modificaciones realizadas durante la construcción ni se mostró un certificado formal que avale el cumplimiento total del contrato con los contratistas. Estas carencias generan dudas sobre si todos los procesos fueron gestionados conforme a normativas vigentes.
En cuanto al estado físico, las instalaciones presentan signos evidentes de deterioro atribuibles a la falta de mantenimiento desde su conclusión. Se observaron elementos estructurales dañados o mal instalados como abrazaderas flojas en bajantes pluviales, manchas visibles en paredes y vidrios debido a descuidos durante o después de la obra, baños sin funcionamiento adecuado y cableado eléctrico incompleto o sin conexión. Las luminarias permanecen apagadas por no estar instaladas correctamente o no contar con suministro eléctrico activo. Incluso algunas rampas destinadas al tránsito peatonal muestran rajaduras que pueden representar riesgos para usuarios futuros.
Frente a esta problemática compleja, el Gobierno Municipal ha manifestado su limitación para intervenir plenamente debido a que el predio sigue siendo considerado propiedad privada no regularizada. En ese sentido anunció gestiones para notificar formalmente al propietario actual con el fin de avanzar hacia una solución definitiva al conflicto territorial. Sin embargo, representantes sociales y beneficiarios directos del proyecto han expresado su preocupación porque esta situación prolongada podría convertir a esta costosa infraestructura en un “elefante blanco”, es decir, una obra sin uso ni beneficio real para la comunidad.
Este caso refleja cómo problemas relacionados con trámites legales sobre tierras pueden afectar gravemente proyectos públicos destinados a mejorar servicios esenciales. La terminal estaba llamada a ser un punto estratégico para facilitar el transporte interdepartamental e interprovincial desde Yacuiba hacia otras regiones; sin embargo, factores ajenos al proceso constructivo han paralizado su operación completa dejando sin acceso a una infraestructura moderna e integral a miles de usuarios potenciales.
La situación demanda una pronta solución institucional coordinada entre autoridades regionales, municipales y propietarios privados para resolver temas pendientes sobre derechos propietarios y dotar al lugar con servicios básicos indispensables. Solo así podrá evitarse que esta inversión millonaria pierda valor social y económico mientras crecen las necesidades crecientes en materia de movilidad urbana e interurbana dentro del municipio y sus alrededores. Por ahora, tanto organizaciones sociales como actores involucrados mantienen firme su exigencia para que las responsabilidades institucionales sean asumidas plenamente y se garantice finalmente el uso efectivo y sostenido de esta terminal emblemática para Yacuiba
