El movimiento cívico nacional que reúne a los nueve departamentos se pronunció este miércoles en Cochabamba sobre la situación económica y energética del país, con especial énfasis en el abastecimiento de combustibles y la conflictividad social. Para este sector, el origen de la crisis está en la falta de recursos financieros del Gobierno y de YPFB.

Durante su análisis, los cívicos advirtieron que, si el Ejecutivo no cuenta con la capacidad de sostener este gasto, debe liberar de inmediato las restricciones vigentes para encaminar una solución antes de que el problema derive en un escenario de desastre y convulsión social.

En esa línea, plantearon la necesidad de reducir la carga impositiva para los privados que participen en la importación, comercialización y distribución de combustibles. Según su criterio, esa medida permitiría frenar el contrabando, el agio, la especulación y también evitar la corrupción. A esto sumaron su observación sobre el cobro de aranceles aduaneros, que en el caso de Argentina y Brasil no se aplican por ser miembros de Mercosur.

Los cívicos también sostuvieron que YPFB debe respaldar con su infraestructura todas las necesidades de importadores y distribuidores, y remarcaron que la sostenibilidad energética debe construirse sin afectar la seguridad alimentaria ni el poder adquisitivo de la población.

Asimismo, exigieron la derogación inmediata del Decreto Supremo 5676. Argumentaron que su aplicación elevó costos y profundizó distorsiones de precios en la economía de los gobiernos subnacionales, cooperativas productivas, agroindustriales y pequeños productores, sin resolver el problema de abastecimiento para el que fue planteado.

Finalmente, el movimiento cívico pidió reunirse con el presidente Rodrigo Paz antes del 14 de septiembre, al considerar la coyuntura actual del país y las urgentes necesidades de la población.