La misión de alto nivel de la Organización de los Estados Americanos (OEA) llegó a Bolivia con un mensaje político claro: respaldó al presidente Rodrigo Paz, avaló la forma en que el Gobierno enfrentó la crisis social de 53 días y, al mismo tiempo, dejó planteadas nueve tareas para evitar que se repitan episodios de conflicto, proteger derechos y reforzar la institucionalidad democrática.
El informe, al que accedió EL DEBER, será presentado este jueves 3 de septiembre ante el Consejo Permanente de la OEA, en Washington. Para esa sesión, Bolivia acreditó al ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, quien ocupaba la Cancillería cuando se produjo la visita de la misión. En tanto, el exministro José Luis Lupo fue designado embajador permanente ante el organismo, aunque todavía no presentó formalmente sus cartas credenciales.
En su evaluación, la misión sostiene que el mandato otorgado a Paz en las urnas debe ser respetado en toda su extensión. También afirma que los actos de violencia, los bloqueos coercitivos prolongados y los intentos de algunos sectores de forzar la renuncia del presidente “amenazaron el orden democrático y constitucional” del país.
Pese a esa advertencia, el documento no califica los hechos como un golpe de Estado ni identifica a las organizaciones o dirigentes que habrían buscado interrumpir el mandato presidencial. Sí deja establecido que existió una presión política contra el mandatario.
El respaldo de la OEA también alcanza la respuesta del Ejecutivo. La misión reconoce que el Estado priorizó el diálogo, la contención institucional y el estado de excepción “sin recurrir a un uso desproporcionado de la fuerza pública”. A juicio del informe, ese comportamiento debe ser valorado positivamente en el contexto regional.
El texto recoge además la versión oficial de que la Policía y las Fuerzas Armadas no utilizaron armas de fuego durante las operaciones. En la misma línea, representantes empresariales destacaron que la decisión de no emplear una fuerza desproporcionada permitió preservar la integridad de las personas.
La misión estuvo encabezada por el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, y llegó al país el 29 y 30 de julio. Durante dos jornadas instaló cuatro mesas de diálogo en La Paz y Santa Cruz con autoridades, sectores productivos, transportistas, indígenas, campesinos, sindicatos, periodistas, académicos y representantes de la sociedad civil.
La conflictividad dejó cifras sensibles. La Defensoría del Pueblo informó a la misión que los hechos derivaron en 22 personas fallecidas: 19 serían terceros que no participaban de las movilizaciones y tres, personas movilizadas. También reportó 255 procesados y cerca de 40 sentencias obtenidas mediante procedimientos abreviados.
Sin embargo, la misión aclaró que esas cifras no fueron verificadas de manera independiente. El informe tampoco individualiza a las víctimas ni detalla las circunstancias de cada muerte, los delitos atribuidos a los procesados o las condiciones en que se acordaron las sentencias abreviadas.
Ese matiz resulta importante porque los reportes de la Defensoría incluyen entre las muertes ocurridas en el contexto del estado de excepción a seis personas fallecidas en el accidente de una aeronave de la Fuerza Aérea Boliviana que inspeccionaba una ruta bloqueada.
A partir de ese escenario, la OEA recomienda continuar y profundizar las investigaciones sobre los hechos de violencia, con respeto al debido proceso y a los derechos tanto de las víctimas como de las personas procesadas.
El informe también aborda el derecho a la protesta. Reconoce su carácter pacífico, pero advierte que su ejercicio no puede poner en riesgo la vida, la salud, la alimentación, la libre circulación ni el acceso a servicios esenciales. En esa línea, propone proteger la infraestructura crítica y habilitar corredores humanitarios y logísticos ante eventuales nuevas movilizaciones.
En el terreno de la libertad de expresión, las asociaciones de periodistas denunciaron agresiones físicas y verbales, restricciones para realizar coberturas y dificultades para relacionarse con las instancias gubernamentales de comunicación. Las organizaciones de mujeres periodistas, por su parte, informaron sobre ataques contra comunicadoras y obstáculos estructurales para ejercer la profesión.
Frente a esas observaciones, la OEA recomienda fortalecer las garantías para el periodismo y aprobar una ley de acceso a la información pública con participación de la sociedad civil y de las organizaciones de prensa. El Senado ya aprobó un proyecto sobre esta materia, pero la iniciativa aún debe ser tratada por la Cámara de Diputados.
Más allá del respaldo al orden constitucional
