Una marcha compuesta por comunidades campesinas e indígenas avanza desde Pando hacia La Paz con el objetivo de exigir la abrogación de la Ley 1720. Esta legislación, promulgada el 10 de abril tras su aprobación en la Asamblea Legislativa, ha generado una polarización notable en el país, ya que, mientras los grupos del altiplano claman por su eliminación, en Santa Cruz los productores agrícolas, especialmente del sector arrocero, demandan su reglamentación inmediata.

El contexto que rodea esta controversia es significativo. En Bolivia, de las 96,5 millones de hectáreas saneadas, solo un 10% corresponde a pequeña propiedad, lo que equivale a aproximadamente 9,6 millones de hectáreas. El resto de las tierras se distribuye entre tierras comunitarias y Tierras Comunitarias de Origen (TCO), que abarcan alrededor de 43 millones de hectáreas. Además, hay 28 millones de hectáreas fiscales y propiedades medianas y empresariales que suman 15,5 millones de hectáreas. Esta distribución evidencia que la mayor parte de la tierra en Bolivia se encuentra bajo control colectivo o estatal.

En el departamento de Pando, esta tendencia se acentúa aún más. Más del 60% del territorio está bajo control comunitario, entre un 25% y un 30% corresponde a tierra fiscal y menos del 10% es propiedad privada. Dentro de esta última categoría, la pequeña propiedad se reduce a entre un 5% y un 8% del total, lo que representa entre 300 mil y 500 mil hectáreas en un departamento que supera los seis millones.

La Ley 1720 permite a los propietarios de pequeñas parcelas reconvertir sus tierras a mediana propiedad para acceder a créditos en el sistema financiero. Es importante destacar que esta norma no implica una redistribución de tierras ni afecta a las Tierras Comunitarias de Origen.

El debate sobre la ley ha suscitado diversas opiniones. El ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, defendió la norma al señalar que muchos pequeños productores ya acceden a financiamiento pero en condiciones desfavorables. Según sus declaraciones, recurren frecuentemente a casas comerciales o intermediarios cuyos intereses oscilan entre el 18% y el 28%, mientras que las tasas bancarias están entre el 6% y el 9%. Esto crea una dependencia hacia compradores o mayoristas que anticipan recursos y establecen condiciones restrictivas para la producción.

Justiniano también destacó que el mercado activo para pequeñas propiedades está evidenciado por el hecho de que el 95% de las transferencias registradas corresponden a este sector. El senador Branko Marinkovic, uno de los proyectistas de la ley, subrayó su intención de corregir las limitaciones actuales al permitir que los pequeños productores puedan utilizar sus tierras como garantía para obtener financiamiento.

Sin embargo, críticas han surgido desde diversas organizaciones sociales. El Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis) alertó sobre posibles vulneraciones a principios constitucionales y advirtió sobre riesgos asociados a una posible reconcentración de la tierra. En su pronunciamiento público cuestionaron la eliminación del carácter inembargable de la pequeña propiedad y la ampliación del plazo para verificar la Función Económica y Social.

La diputada Cecilia Requena también expresó sus reservas respecto al proceso legislativo. Señaló que no se realizó una socialización adecuada del proyecto ni un debate amplio sobre las modificaciones introducidas. Requena enfatizó que el acceso al crédito podría incentivar prácticas como la mecanización sin controles apropiados, lo cual podría derivar en problemas ambientales como deforestación e incendios.

A pesar del rechazo manifestado por algunos sectores sociales y políticos, varias organizaciones de pequeños agricultores y arroceros han expresado su apoyo a la Ley 1720. Estas agrupaciones argumentan que el acceso al financiamiento es crucial para afrontar los crecientes costos operativos y las presiones derivadas del contrabando así como las fluctuaciones en los precios.

En Beni, se lograron acuerdos entre organizaciones campesinas y el Gobierno tras varias reuniones técnicas; se reafirmó que la ley solo aplica a predios privados titulados y no afecta tierras comunitarias. Sin embargo, la marcha desde Pando continúa adelante con dirigentes comprometidos en mantener su rechazo hacia la norma debido a preocupaciones sobre sus efectos indirectos y una clara demanda por un debate más profundo sobre estas cuestiones críticas para el futuro agrícola del país.