El ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Aguas, Óscar Mario Justiniano, destacó que el preacuerdo logrado entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) representa un equilibrio entre escuchar las demandas sociales y mantener los principios fundamentales del Decreto Supremo 5503, que fue el motivo principal de las protestas que se extendieron por más de 50 bloqueos en diversas regiones.
Justiniano enfatizó que el espíritu original del DS 5503 permanece intacto, orientado a garantizar la estabilidad económica y social del país. Señaló que el nuevo decreto mantiene elementos esenciales como la eliminación de subsidios a los combustibles, la protección de bonos sociales como la Renta Dignidad, el aumento del salario mínimo a 3.300 bolivianos y el diferimiento de créditos. Además, anticipó la elaboración de futuros decretos que buscarán consolidar una nueva visión para Bolivia, en colaboración con más de 160 organizaciones sociales.
El ministro reconoció que el proceso de diálogo se desarrolló en un escenario complicado, marcado por bloqueos y movilizaciones que afectaron la normalidad en varias zonas del país. Subrayó que uno de los factores que contribuyó a la tensión fue la desinformación sobre algunos artículos del decreto, especialmente aquellos relacionados con la agilización de trámites para la inversión y supuestos riesgos sobre la soberanía de los recursos naturales.
Justiniano aclaró que la idea de que el Gobierno pretendía regalar los recursos naturales carece de fundamento, aunque admitió que esta percepción generó preocupación en la población, especialmente en las regiones donde se concentraron las protestas. Enfatizó que la explotación de recursos como el gas y el litio ha sido insuficiente en las últimas dos décadas, y que este tipo de narrativas distorsionadas influyeron negativamente en la opinión pública.
El ministro aseguró que esta experiencia con la desinformación será tomada en cuenta para futuros decretos, los cuales deberán ser producto de un consenso amplio que permita a la ciudadanía comprender que el desarrollo del país depende de la producción, la productividad y la previsibilidad para inversionistas nacionales y extranjeros.
En cuanto a las reuniones previas al preacuerdo, Justiniano explicó que se llevaron a cabo múltiples encuentros durante dos meses para informar sobre el decreto y atender demandas regionales que, según él, habían sido ignoradas en años anteriores. Indicó que las necesidades identificadas son diversas y en su mayoría regionalizadas, pero también comparten aspectos comunes que requieren atención.
Respecto a la persistencia de protestas en algunas áreas, el ministro señaló que detrás de estas movilizaciones existen diferentes intereses: algunos sectores con demandas legítimas, otros afectados económicamente por las nuevas políticas de combustibles, y nuevos liderazgos con fines políticos. Advirtió que ciertos grupos buscan generar caos y mantener actividades ilegales como el contrabando de combustibles, el narcotráfico y la minería ilegal.
Justiniano afirmó que el Gobierno no negociará con quienes intentan desestabilizar y perjudicar a la población, refiriéndose a estos grupos como aquellos que desean regresar a prácticas pasadas que afectaron al país. Reveló que el contrabando de combustibles generaba ganancias superiores a los tres millones de dólares diarios y que estos intereses buscan continuar con esas actividades.
Finalmente, el ministro mencionó que, ante la cercanía de las elecciones municipales, surgirán nuevos liderazgos con los cuales el Ejecutivo mantendrá el diálogo para que puedan representar legítimamente a sus comunidades, pero sin recurrir a bloqueos ni perjudicar a la población. Reafirmó el compromiso del Gobierno de continuar el proceso de diálogo y consenso para asegurar la estabilidad económica y social del país
