La Gobernación ha denunciado que parte del gas producido en Tarija se desvía hacia el mercado interno a precios subsidiados, lo que representa una pérdida aproximada de cuatro millones de bolivianos mensuales en comparación con los ingresos que se obtendrían si ese gas se destinara a la exportación.
El inicio del año estuvo marcado por dificultades para las entidades subnacionales, ya que una resolución administrativa del Gobierno central limitó el uso de sus recursos económicos al 20% de su capacidad financiera. Esta medida generó preocupación y paralizó temporalmente la ejecución de proyectos y programas. Aunque esta restricción fue levantada recientemente, las autoridades locales advierten que el problema estructural de la reducción de ingresos persiste, afectando especialmente a la región productora de gas.
El alcalde de Tarija valoró la anulación de la resolución que congelaba las cuentas de municipios y gobernaciones, pero destacó que durante los días en que estuvo vigente, la medida afectó la planificación y desarrollo de iniciativas públicas. De manera similar, desde la Gobernación se reconoció que, pese a la flexibilización, la situación económica continúa siendo desafiante debido a la caída en los recursos disponibles y la presión sobre los presupuestos.
El secretario de Desarrollo Productivo de la Gobernación explicó que la medida inicial implicaba recortes sustanciales en gastos operativos e inversiones, pero ahora se espera poder trabajar con los recursos que se vayan liberando. Sin embargo, aclaró que el presupuesto departamental, que ronda los 700 millones de bolivianos para el presente año, está en gran parte comprometido para cubrir obligaciones establecidas por el nivel central, como salud, prediarios y bonos sociales. Esto reduce el monto con libertad de gestión a alrededor de 240 millones de bolivianos, limitando la capacidad financiera para nuevas inversiones.
Uno de los factores que incide en esta disminución de ingresos es la provisión de gas al mercado interno bajo un esquema de subsidios. La producción de los campos Sábalo y Margarita, ubicados en el territorio tarijeño, sustenta principalmente el abastecimiento nacional, lo que impacta directamente en las regalías que recibe el departamento. Desde la Gobernación califican esta situación como injusta, ya que consideran que el costo de la subvención debería distribuirse entre todos los departamentos productores de hidrocarburos y no recaer solo en uno.
Si el gas destinado al consumo interno fuera exportado, tendría un valor estimado entre 7,5 y 8 dólares por millón de BTU, cifra que actualmente se pierde debido al precio subsidiado. Esto se traduce en una reducción mensual de aproximadamente cuatro millones de bolivianos en ingresos para Tarija, que originalmente se proyectaban en alrededor de 21 millones mensuales, pero que ahora se ven reducidos a cerca de 17 millones.
Esta brecha afecta la ejecución de programas y proyectos, así como el funcionamiento de la Gobernación, los municipios y la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho. Ante esta situación, se plantea que la representación parlamentaria del departamento debería trabajar en conjunto con el Ministerio de Hidrocarburos para realizar un análisis técnico que determine con precisión el monto de recursos que se dejan de percibir por la subvención del gas tarijeño en el mercado interno.
Un análisis económico señala que Tarija sigue siendo el principal productor de gas del país, aportando cerca del 60% de la producción nacional, a pesar de la disminución en los niveles de extracción. Sin embargo, históricamente el departamento ha sido tratado de manera desigual en términos de beneficios hidrocarburíferos, recibiendo ingresos similares a regiones sin producción de gas. Esta situación refleja que Tarija ha sido utilizada para abastecer tanto el mercado externo como el interno sin una compensación justa por las pérdidas derivadas de la subvención.
El equilibrio en la distribución de estos costos recae en el Gobierno nacional y en la Asamblea Legislativa Plurinacional, quienes deberían garantizar una participación equitativa de todos los departamentos productores. La reducción en los ingresos por el uso de gas tarijeño en el mercado interno tendrá un impacto directo en los presupuestos de las autoridades departamentales, municipales y universitarias, limitando su capacidad de inversión y afectando el desarrollo regional
