Presidente Luis Arce designó ayer a Jessica Paola Saravia Atristaín como la nueva Ministra de Justicia. Este nombramiento se produce en un momento político significativo para el país, marcado tanto por el ambiente preelectoral como por la reciente controversia que afectó al anterior titular de la cartera.
Durante el acto oficial de posesión, el mandatario se refirió a los acontecimientos recientes. Subrayó la importancia de asegurar la continuidad del trabajo institucional del Ministerio de Justicia. El Jefe del Estado manifestó que, ante las preocupaciones públicas surgidas el sábado, el Gobierno nacional, actuando con responsabilidad, procedía a la posesión de una nueva autoridad para garantizar la prosecución de las labores ministeriales. Destacó que la nueva ministra ya había desempeñado funciones como viceministra en la misma institución y ahora asumía la dirección completa.
El presidente Arce enfatizó que la tarea demandará un esfuerzo considerable por parte de la nueva ministra y expresó su plena confianza en que la desempeñará con dedicación. Asimismo, solicitó a los miembros del gabinete ministerial la máxima colaboración en relación con los numerosos temas pendientes que aún requieren atención.
El mandatario también resaltó la trayectoria profesional de Saravia y aseguró que su relación con el Órgano Judicial se mantendrá dentro de un marco de armonía y estricto cumplimiento de la normativa vigente. Manifestó conocer su profesionalismo y capacidad, expresando certeza de que los asuntos pendientes del Ministerio serán gestionados eficazmente con el apoyo del gabinete y la Asamblea Legislativa.
Aunque el presidente no aludió directamente al escándalo específico, su decisión fue interpretada como una medida para contener una potencial crisis en el Órgano Judicial, la cual, según advertencias de autoridades del propio sistema de justicia, podría llegar a afectar la credibilidad del proceso electoral programado para agosto.
Tras la renuncia del ministro anterior y la polémica suscitada, la flamante ministra Jessica Saravia asume una de las carteras más delicadas en un período crítico para la institucionalidad democrática. Deberá abordar las tensiones existentes entre el Órgano Ejecutivo y el Judicial, así como responder a los cuestionamientos sobre la independencia de los magistrados, todo ello en un año electoral caracterizado por la polarización política y las denuncias de injerencia.
Hasta el día de ayer, Jessica Saravia ocupaba el cargo de Viceministra de Justicia y Derechos Fundamentales. Previamente, desempeñó diversas funciones en la administración pública. En el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, coincidió profesionalmente con el actual presidente.
Saravia es abogada y posee una extensa trayectoria en instituciones estatales. Fue Directora Ejecutiva de la Autoridad de Fiscalización del Juego en dos periodos (2016-2019 y 2020-2023), además de Viceministra de Lucha Contra la Corrupción entre 2012 y 2016. También ha ejercido como abogada penalista, consultora en el Ministerio de Relaciones Exteriores y docente universitaria. Su formación académica incluye especializaciones en auditoría jurídica y sistemas de gestión de calidad y antisoborno.
La difusión del audio atribuido al exministro Siles ha generado un amplio rechazo por parte de los principales representantes del Órgano Judicial y de la ciudadanía en general. En el ámbito político, uno de los primeros en manifestarse fue el expresidente Evo Morales, quien afirmó que el audio confirma una intervención directa del presidente Arce y su ministro de Justicia en el manejo del sistema judicial. Morales sostuvo que la grabación revela que el TSJ, el TCP y la Fiscalía están sometidos al control político, violando la independencia de poderes. Argumentó que este hecho vulnera gravemente la Constitución y anula la legitimidad de muchas decisiones judiciales, según expresó en sus plataformas digitales.
Cabe recordar que en julio de 2024, Morales acusó a Siles, quien en ese momento era Procurador General del Estado, de haber solicitado dinero a diez militares investigados en el supuesto intento de golpe de Estado liderado por el excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga. Siles inició entonces un proceso penal contra Morales por difamación, calumnias e injurias, lo que llevó al expresidente a retractarse de su acusación y a ofrecer disculpas públicas en enero del presente año. Desde aquel episodio, Morales no había vuelto a referirse públicamente a este asunto específico
