En el marco del actual debate político nacional, se observa una notable ausencia de propuestas sustanciales en materia de política exterior por parte de quienes aspiran a la conducción del país. Esta omisión es particularmente preocupante, considerando los complejos desafíos internacionales que Bolivia debe afrontar y la necesidad imperiosa de cooperación y acuerdos para impulsar su desarrollo y superar la actual coyuntura económica.
Diversos análisis señalan que la institucionalidad encargada de las relaciones internacionales ha sufrido un debilitamiento significativo a lo largo de los años recientes. Se apunta a una marcada politización en la designación de representantes diplomáticos, priorizando la lealtad política sobre la idoneidad profesional y el mérito. Esta situación se vio agravada por normativas que introdujeron figuras que facilitan nombramientos discrecionales y permitieron la firma de acuerdos internacionales sin el debido control parlamentario, mermando la transparencia y la seguridad jurídica en la gestión exterior del Estado.
El sector de relaciones exteriores enfrenta además limitaciones presupuestarias y de infraestructura que impactan su capacidad operativa. Se destaca que el presupuesto asignado a esta área en Bolivia es uno de los más bajos de la región, representando apenas una fracción mínima del Presupuesto General del Estado. El número de misiones diplomáticas y consulares también es comparativamente reducido, lo que limita la capacidad de proyección y gestión del país en el exterior y la atención a sus ciudadanos residentes fuera de las fronteras.
Expertos coinciden en que una diplomacia profesional, desideologizada y alineada con los intereses de Estado es indispensable para la viabilidad de muchas promesas de campaña, desde la atracción de inversiones y la gestión de tecnología hasta la negociación de recursos estratégicos o el acceso a financiamiento internacional. La falta de una política exterior robusta y coherente obstaculiza la superación de la crisis económica y la inserción efectiva del país en la economía global, así como la defensa de los derechos humanos y la promoción de alianzas climáticas.
En años recientes, la política exterior boliviana se caracterizó por una orientación marcadamente ideológica, privilegiando alianzas con determinados bloques y países, lo que, según algunos observadores, derivó en un cierto aislamiento respecto a socios estratégicos tradicionales y foros multilaterales clave. Decisiones como la denuncia de convenios internacionales que ofrecían seguridad a la inversión generaron desconfianza en el ámbito internacional. Asimismo, el país experimentó reveses significativos en instancias judiciales internacionales, evidenciando la necesidad de una estrategia de prevención de conflictos más sólida, especialmente con países vecinos con los que comparte recursos vitales y desafíos fronterizos.
Los desafíos geográficos y comerciales del país subrayan la urgencia de una política exterior efectiva. Una parte considerable de las fronteras son cuerpos de agua, lo que demanda una gestión diplomática activa de recursos hídricos compartidos. Además, la dependencia de puertos extranjeros para una gran proporción del comercio exterior resalta la criticidad de mantener relaciones vecinales constructivas y diversificar opciones logísticas, superando enfoques históricos que limitaron la agenda exterior.
Para revertir esta situación, se plantea la necesidad de una reforma profunda que restituya el profesionalismo y la institucionalidad del servicio exterior. Esto implicaría abrogar normativas que permitieron la politización de cargos y adoptar un nuevo marco legal que restablezca la carrera diplomática basada en méritos, con formación especializada y estabilidad laboral. La revitalización de la academia diplomática y la garantía de que las misiones estén dirigidas por personal idóneo son pasos fundamentales. Una nueva orientación debería vincular la diplomacia de manera explícita con la promoción económica, la captación de inversiones, el comercio exterior, la cooperación internacional y la defensa de los principios democráticos y los derechos humanos, asegurando además mecanismos de transparencia en la gestión de acuerdos internacionales y eliminando figuras que evaden el control parlamentario.
En definitiva, la reconstrucción de una política exterior sólida, profesional y orientada a los intereses nacionales es un pilar esencial para que Bolivia pueda navegar los complejos escenarios globales, superar sus desafíos internos y asegurar su desarrollo futuro. La ausencia de este tema en las plataformas políticas actuales representa un vacío significativo que debe ser abordado para garantizar una proyección internacional efectiva y beneficiosa para el país
