El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, anunció que presentará a la Asamblea Legislativa un paquete de reformas a cuatro normas vinculadas al sistema democrático y electoral boliviano. La propuesta incluye sanciones más severas para los partidos que cobren por candidaturas, la eliminación del certificado obligatorio de conocimiento de dos idiomas y la instauración de debates obligatorios para los postulantes a cargos públicos.
La iniciativa también prevé incorporar de manera expresa el Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre) a la normativa, regular las encuestas y la propaganda en medios digitales, y fijar que las listas de candidatos queden cerradas 45 días antes de cada elección. Ávila explicó que el proyecto es el resultado de una consulta realizada en los nueve departamentos con participación de organizaciones políticas, instituciones y distintos sectores sociales, con el propósito de actualizar una legislación que, según dijo, contiene contradicciones, vacíos y disposiciones que incluso responden a normas de la década de los 90.
Durante una entrevista en el programa ON, de EL DEBER, la autoridad adelantó que el 5 de noviembre concluirá la ronda de consultas en Beni y que entre el 25 y el 30 de noviembre entregará los proyectos a la Asamblea Legislativa Plurinacional, que deberá analizar y aprobar los cambios. Las reformas alcanzarán a la Ley 018 del Órgano Electoral Plurinacional, la Ley 026 del Régimen Electoral, la Ley de Organizaciones Políticas y la Ley contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres.
Uno de los cambios más relevantes apunta a frenar a los llamados “taxipartidos”, organizaciones políticas que, de acuerdo con la explicación de Ávila, obtienen o mantienen su personería jurídica para ofrecer candidaturas a cambio de dinero. El presidente del TSE sostuvo que la legislación vigente no permite sancionar adecuadamente esa práctica y planteó tipificar como delito el cobro por un espacio en una lista electoral o el alquiler de la personería jurídica de una organización política.
La propuesta establece que, cuando se demuestre que un partido, dirigente o delegado cobró por una candidatura, pueda cancelarse de inmediato la personería jurídica. “Cuando se demuestre que un partido, un delegado, un jefe de partido ha cobrado por un cargo, etcétera, se presenta la denuncia, se presenta la prueba e inmediatamente viene la cancelación de personería jurídica”, explicó Ávila. El planteamiento también busca que los candidatos de partidos y alianzas sean elegidos mediante procedimientos democráticos internos, con el fin de reducir las postulaciones por invitación y evitar que las organizaciones políticas funcionen como vehículos electorales sin mecanismos reales de participación interna.
Ávila diferenció esta práctica de las alianzas políticas, entendidas como acuerdos entre organizaciones que deciden conformar un frente para competir en una elección. Según indicó, la propuesta alcanzaría a ambas modalidades en cuanto a la obligación de elegir democráticamente a sus candidatos.
Otro eje de la reforma apunta a modificar el artículo 11 de la Ley 018, que, según el titular del TSE, permitió que decisiones de otros órganos del Estado interfirieran en procesos electorales. Como antecedente, recordó las elecciones judiciales de 2024, cuando una resolución judicial suspendió la votación en cinco departamentos. El objetivo, dijo, es reforzar la independencia de la administración electoral y proteger el principio de preclusión, que establece que las etapas de un proceso deben cumplirse y cerrarse conforme al calendario, sin retrocesos fuera de los mecanismos previstos por ley.
La autoridad considera que la redacción actual debe cambiar para impedir que resoluciones de otras instancias paralicen o alteren procesos ya en marcha. Aclaró que esta modificación puede hacerse mediante una reforma a la Ley 018 y no necesariamente requiere una reforma constitucional. El trasfondo, según explicó, es delimitar las competencias de los órganos del Estado y garantizar que las reglas electorales no cambien una vez iniciado un proceso.
Otro de los puntos que el TSE llevará a discusión es la eliminación del certificado que acredita el conocimiento de dos idiomas oficiales para quienes buscan postular a cargos públicos. Ávila sostuvo que este requisito terminó convertido en una barrera burocrática y, en algunos casos, en un negocio alrededor de la emisión de certificados. Según su evaluación, muchos candidatos obtuvieron documentos que acreditaban el conocimiento de dos idiomas sin dominar realmente ambas lenguas. Incluso estimó que alrededor del 90% de las autoridades que presentaron esos certificados no hablarían efectivamente los dos idiomas.
“Es un requisito que es inneces
