“En la Procuraduría somos los abogados del Estado”. Con esa frase, Hugo César León La Faye sintetiza la tarea de la institución que dirige desde el 25 de noviembre de 2025 y que, según explica, tiene como misión central la defensa de los intereses y del patrimonio estatal. El Procurador General del Estado recibió a EL DEBER en sus oficinas centrales de El Alto y habló, entre otros temas, de los arbitrajes internacionales que enfrenta Bolivia, de las etapas en las que se encuentran y del margen que aún existe para negociar en algunos de esos procesos.
León detalló que actualmente el Estado boliviano afronta cuatro arbitrajes de inversión y otros cuatro o cinco arbitrajes comerciales. La diferencia, explicó, está en el origen de la controversia: en los primeros se trata de inversiones realizadas por personas naturales o jurídicas en una determinada actividad y de conflictos vinculados a esa inversión; en los segundos, las disputas surgen por el incumplimiento de obligaciones contractuales.
El Procurador evitó adelantar mayores detalles sobre el estado de cada proceso y justificó esa reserva en la estrategia de defensa del Estado. Sin embargo, sí identificó tres casos que considera especialmente relevantes por los montos involucrados y por la fase en la que se encuentran: Glencore Finance, BBVA y Zurich, vinculada con Futuro de Bolivia AFP.
En el caso de BBVA y Glencore, ya existen laudos adversos. BBVA obtuvo en 2022 un fallo que ordenó a Bolivia pagar 94,8 millones de dólares más intereses, y este año la Procuraduría informó que se agotaron las instancias de impugnación. Glencore, por su parte, recibió en 2023 un laudo por 253,6 millones de dólares. Zurich, en cambio, mantiene pendiente un arbitraje relacionado con Futuro de Bolivia AFP, con una reclamación pública de alrededor de 129,1 millones de dólares. Por ello, la posibilidad de una negociación posterior al laudo corresponde a los procesos en los que ya existe una decisión arbitral, y no se extiende automáticamente al caso Zurich.
León explicó que una fase de negociación post-laudo significa que, pese a existir una decisión que obliga al Estado al pago de determinados montos, las partes todavía pueden acordar las condiciones de cumplimiento. En ese marco, señaló que en el caso BBVA ya se abrieron mesas de diálogo para analizar la forma en que podría resolverse la ejecución del laudo.
Consultado sobre si era posible conocer los montos involucrados en esas negociaciones, prefirió mantenerlos en reserva. Afirmó que se trata de asuntos sometidos a confidencialidad y reiteró que la Procuraduría busca conducir estos procesos con apertura y transparencia, pero sin comprometer elementos sensibles de la defensa estatal.
El Procurador indicó además que estos arbitrajes vienen de gestiones anteriores. Según dijo, algunos comenzaron durante el gobierno de Evo Morales y continuaron después. En ese contexto, aseguró que la actual administración está evaluando cada caso para encontrar la mejor salida posible para el Estado.
Frente al argumento de que Bolivia no debería someterse a arbitrajes internacionales porque la Constitución no admitiría esos mecanismos, León sostuvo que no se trata de una decisión discrecional del Gobierno. Recordó que el país asumió obligaciones internacionales y que existen tratados y contratos que establecen mecanismos para resolver controversias. En esos casos, afirmó, el Estado debe ejercer su defensa ante los tribunales correspondientes.
También hizo referencia al artículo 410 de la Constitución Política del Estado, que establece la supremacía de la CPE y ubica a los tratados internacionales por debajo de ella en la jerarquía normativa. En ese sentido, señaló que no corresponde presentar de manera general a los tratados de inversión como normas supraconstitucionales.
Sobre la posibilidad de que en los últimos 10 meses del actual Gobierno se haya presentado algún nuevo arbitraje contra Bolivia, dijo que no tienen conocimiento de ninguna nueva pretensión arbitral abierta en ese periodo. Aseguró que, en materia de arbitraje internacional, la Procuraduría está atendiendo demandas que provienen de gestiones anteriores y buscando salidas que reduzcan el impacto para el Estado cuando todavía exista margen de negociación.
León cerró la entrevista reafirmando el rol institucional de la Procuraduría General del Estado. “Somos los abogados del Estado”, insistió, al remarcar que la entidad tiene autonomía constitucional y la responsabilidad de defender legalmente los intereses y el patrimonio estatal cuando una situación involucra a un ministerio, una empresa pública o cualquier otra entidad que pueda poner en
