Una resolución fiscal emitida el 3 de noviembre de 2026 ordena la aprehensión del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, en el marco de una investigación por presunto tráfico de sustancias controladas y organización criminal. El documento, firmado en La Paz, expone una línea de investigación que hasta ahora no había sido detallada públicamente.
El requerimiento identifica como fiscales de la comisión investigadora a Daniel Portales Barja y Edwin Alfonso Sarmiento Valdivia, ambos adscritos a la Fiscalía Especializada en Delitos de Narcotráfico, Legitimación de Ganancias Ilícitas, Delitos Medioambientales y Pérdida de Dominio de La Paz. En su parte resolutiva, la resolución dispone su “aprehensión” con base en el artículo 226 del Código de Procedimiento Penal.
Según el texto, existen elementos que permiten considerar al magistrado como probable autor del hecho investigado. La resolución cita el artículo 48 de la Ley 1008, referido al tráfico de sustancias controladas, y el artículo 132 bis del Código Penal, que tipifica la organización criminal. En el caso del primero, se menciona una pena de entre diez y 25 años de presidio.
La fundamentación fiscal también se apoya en supuestos riesgos procesales. Los fiscales sostienen que Saucedo no habría presentado documentación idónea sobre su domicilio y trabajo en Bolivia, lo que, a su criterio, abriría la posibilidad de que abandone el país. Además, argumentan que podría permanecer oculto, destruir pruebas o influir sobre testigos. En ese marco, el escrito invoca los artículos 234 y 235 del Código de Procedimiento Penal, vinculados al riesgo de fuga y obstaculización.
La fecha de la resolución adquiere relevancia porque fue emitida un día antes de que Saucedo anunciara su salida de Bolivia. El miércoles 4, el presidente del TSJ informó que había abandonado el país junto a su familia, denunció persecución política y riesgos para su vida y libertad, y aseguró que no renunciará a su mandato de magistrado.
Ese mismo día, el fiscal general interino, José Armando Urioste, admitió que existían entre dos y tres investigaciones en Santa Cruz contra Saucedo. Además, anunció gestiones para emitir órdenes de aprehensión y tramitar una eventual notificación roja de Interpol.
