El fiscal general interino, José Armando Urioste, advirtió este jueves a los 68 fiscales de materia provisorios que fueron posesionados en Sucre que sus cargos no deben convertirse en una vía para obtener beneficios personales. “No estamos esperando llenarnos los bolsillos de plata”, dijo al encabezar el acto de juramento, en un contexto marcado por la desconfianza que pesa sobre la cúpula del sistema judicial boliviano.
Durante la ceremonia, Urioste sostuvo que las designaciones se realizaron mediante un procedimiento público, con reglas definidas, requisitos establecidos y entrevistas en condiciones de igualdad. Según explicó, la selección respondió a méritos profesionales y no a compromisos con autoridades ni con grupos de influencia. En ese marco, aseguró que prácticamente no conoce a los elegidos y afirmó que no participó de manera personal en su elección.
“Estamos dejando atrás una tradición de designaciones a dedo, a amiguismo, a recomendación política”, expresó ante los nuevos fiscales. También remarcó que los funcionarios deben responder al Estado Plurinacional de Bolivia, a su conciencia y a su capacidad, “a nadie más”.
El mensaje tuvo además un componente económico. Urioste recordó que los fiscales reciben un salario del Estado y que la atención del Ministerio Público es gratuita. “No se cobra absolutamente nada, no tiene por qué cobrarse absolutamente un centavo a nadie”, advirtió al reiterar la política de “cero tolerancia a la corrupción”.
Sus declaraciones se produjeron en un momento especialmente delicado para la administración de justicia. El exfiscal general Róger Mariaca continúa en detención preventiva en Cantumarca, investigado por presuntos vínculos con una estructura criminal. A la vez, el expresidente del Tribunal Supremo de Justicia, Rómer Saucedo, enfrenta una orden de aprehensión dentro de una investigación por presuntos delitos de narcotráfico y organización criminal, luego de anunciar que salió del país. En ambos casos, las responsabilidades penales no están definidas y deberán resolverse en el marco de los procedimientos correspondientes.
Las investigaciones también han alcanzado a otros operadores judiciales y han abierto dudas sobre una posible manipulación de procesos, el direccionamiento de causas y el uso de influencias. En ese escenario, la incorporación de nuevos fiscales aparece como una prueba para el compromiso institucional que Urioste dice encabezar desde la interinidad del Ministerio Público. El fiscal general interino aseguró que las denuncias ciudadanas reflejan una confianza que la institución debe recuperar y sostener con resultados concretos.
Urioste insistió en que la Fiscalía debe perseguir a quienes cometen delitos, pero sin apartarse del debido proceso ni de la presunción de inocencia. Planteó como objetivo la construcción de un Ministerio Público acusatorio, capaz de sostener acusaciones cuando existan pruebas y, al mismo tiempo, de liberar de sospechas a quienes no hayan cometido ilícitos.
En el mismo acto presentó un nuevo Código de Ética e Integridad Tecnológica, que describió como una guía de conducta para los fiscales. Además, destacó las herramientas informáticas disponibles y la necesidad de utilizarlas para reforzar la transparencia institucional. “Tenemos una labor hasta fin de año que es recuperar la credibilidad y eso es con hechos, con trabajos, no con promesas”, afirmó. Con ese mensaje, resumió el desafío que, a su juicio, enfrenta el Ministerio Público: responder a la ciudadanía y no a intereses particulares.
