El Gobierno anunció que avanzará en la implementación de un sistema de trazabilidad digital del oro y de un catastro minero en tiempo real, con el objetivo de reforzar el control estatal sobre la actividad minera y dar mayor transparencia al sector. La medida forma parte de la hoja de ruta presentada por el ministro de Minería y Metalurgia, Marco Antonio Calderón de la Barca Quintanilla, al cumplirse un año de gestión al frente de la cartera.
Durante la exposición del balance institucional, el ministro puso el acento en la necesidad de fortalecer las herramientas de fiscalización y modernizar los mecanismos de supervisión. En ese marco, explicó que el Ejecutivo busca consolidar instrumentos tecnológicos que permitan al Estado ejercer un control más eficiente sobre la minería, especialmente en un contexto marcado por la lucha contra la actividad ilegal y el contrabando.
La propuesta de un catastro minero en tiempo real se plantea como una herramienta para centralizar, ordenar y delimitar la información sobre áreas y derechos mineros en el territorio nacional. Junto con el sistema de trazabilidad digital del oro, el Gobierno pretende establecer un esquema de seguimiento más preciso sobre la producción y circulación del mineral, con el fin de mejorar la fiscalización y reducir espacios para actividades ilícitas.
El balance presentado por la autoridad también destacó resultados financieros positivos en el sector. Según los datos oficiales, las regalías mineras llegaron a Bs 2.905 millones hasta septiembre de 2026, cifra que representa un incremento del 103% en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se registraron Bs 1.430 millones. Eso significa un aumento adicional de Bs 1.475 millones en un año. De manera general, el Ministerio informó además un crecimiento global del 21,8% en las regalías y aportes fiscales consolidados de la actividad extractiva.
En paralelo, el Ejecutivo informó sobre el inicio de una reestructuración interna bajo el Decreto Supremo 5675 y la ejecución de más de 50 operativos contra la minería ilegal en los nueve departamentos del país, a través de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM). También se revisaron 4.907 procesos de contratación directa correspondientes al periodo 2009-2026, tras lo cual la Contraloría General del Estado categorizó al Ministerio como una entidad de “probable riesgo bajo”.
Entre los resultados operativos expuestos por la cartera de Estado figura también el desempeño de la Empresa Minera Colquiri, que registró una utilidad neta de 32,83 millones de dólares en el primer semestre de 2026. A ello se suma la conclusión de las pruebas de su nueva planta concentradora, con capacidad para procesar 2.000 toneladas diarias.
El informe ministerial incluyó además la confirmación de la presencia de litio en pegmatitas en la localidad de El Porvenir, en Santa Cruz, donde también se identificaron ocurrencias de coltán, cesio y tantalio. Este hallazgo fue presentado como parte de los recursos estratégicos que el sector busca consolidar en la siguiente etapa de gestión.
De cara a los próximos años, el Ministerio estructuró su agenda en cuatro ejes. El primero apunta a la elaboración de un nuevo Código Minero y a la desburocratización, con la intención de impulsar una nueva norma matriz y una Ley Corta que agilice trámites administrativos. El segundo se concentra en la trazabilidad digital y el catastro minero, como mecanismos para frenar actividades ilícitas. El tercero busca la reactivación metalúrgica, con el propósito de recuperar la capacidad productiva total en las plantas de Vinto, Karachipampa y Capuratas. El cuarto está orientado a la sostenibilidad ambiental, con acciones para profundizar la reducción del uso de mercurio y el tratamiento de pasivos ambientales en coordinación con las comunidades locales.
