La misión de alto nivel de la Organización de los Estados Americanos (OEA), conformada en junio, expresó su respaldo al presidente Rodrigo Paz, avaló la respuesta del Gobierno frente a la crisis social de 53 días y planteó nueve medidas urgentes orientadas a evitar nuevos episodios de conflictividad y a reforzar la democracia en Bolivia.

Las conclusiones forman parte de un documento al que accedió EL DEBER y que será presentado este jueves en Washington, durante una sesión del Consejo Permanente. En esa instancia, Bolivia estará representada por el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo. En tanto, José Luis Lupo fue designado embajador permanente ante la OEA, aunque todavía no fue acreditado.

En su evaluación, la misión sostuvo que debe respetarse íntegramente el mandato surgido de las urnas. También advirtió que la violencia, los bloqueos coercitivos y los intentos de algunos sectores de forzar la renuncia de Paz pusieron en riesgo el orden democrático. Sin embargo, el informe no identifica a los actores involucrados ni califica esos hechos como un golpe de Estado. Al mismo tiempo, destaca que el Ejecutivo priorizó el diálogo y la contención durante el estado de excepción, que continúa vigente, “sin recurrir a un uso desproporcionado de la fuerza pública”.

De acuerdo con datos de la Defensoría del Pueblo, el conflicto dejó 22 fallecidos, de los cuales 19 no estaban movilizados y tres eran manifestantes. Además, se registraron 255 procesados y cerca de 40 sentencias abreviadas. Entre las víctimas fatales figuran seis personas que murieron en el accidente de una aeronave militar que realizaba una inspección sobre una ruta bloqueada.

El documento también recoge nueve recomendaciones que, a juicio de la misión, deben ser atendidas con urgencia: defender los mandatos democráticos, promover un diálogo plural y permanente, establecer mecanismos de alerta temprana, garantizar la participación indígena y campesina, proteger la protesta pacífica sin afectar a terceros ni a los servicios esenciales, reactivar la economía, resguardar al periodismo y aprobar una ley de acceso a la información, investigar los hechos de violencia con debido proceso, y fortalecer a la Defensoría del Pueblo junto con la transparencia judicial. Sobre este último punto, la ley de acceso a la información ya fue aprobada por el Senado y se encuentra en la Cámara de Diputados para su validación final.

La misión estuvo encabezada por el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, y el canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha. Llegó a Bolivia el 29 de julio y, durante dos días, instaló cuatro mesas de diálogo en La Paz y Santa Cruz con autoridades, sectores productivos, transportistas, pueblos indígenas, campesinos, sindicatos, periodistas, académicos y representantes de la sociedad civil.