La reciente decisión de un juez en El Torno, que ha ordenado la suspensión de la difusión de encuestas sobre la intención de voto para la segunda vuelta de las elecciones de gobernadores, ha generado una serie de reacciones en el ámbito judicial. Manuel Baptista, decano del Consejo de Magistratura, anunció que esta entidad del Órgano Judicial llevará a cabo una revisión exhaustiva para determinar si el juez actuó conforme a los procedimientos establecidos al admitir una acción de cumplimiento. En este contexto, se contará con la colaboración de la Unidad Nacional de Transparencia y la Dirección Nacional de Control y Fiscalización, las cuales se encargarán de supervisar el proceso y asegurar que las actuaciones judiciales se ajusten a la normativa vigente.

Este escrutinio se realiza en el marco del acuerdo interinstitucional firmado el 15 de enero de 2026 en Sucre. Este pacto implica un compromiso entre el Tribunal Supremo Electoral, el Órgano Judicial y otras entidades estatales para respetar las competencias constitucionales y mantener una clara separación en asuntos electorales. Baptista enfatiza que es fundamental adoptar medidas institucionales que garanticen tanto la seguridad jurídica como la confianza del público en el sistema democrático.

El decano también comunicó su intención de solicitar a la sala plena del Consejo de la Magistratura que active los mecanismos correspondientes para asegurar un control efectivo sobre las decisiones judiciales. Esta iniciativa busca no solo verificar el cumplimiento adecuado de los procedimientos legales en este caso específico sino también evaluar si el juzgado ha actuado dentro del marco legal establecido.

En su pronunciamiento, Baptista reafirmó que la independencia judicial es un componente crucial del Estado de Derecho. No obstante, subrayó que esta independencia debe ir acompañada del deber de ejercer funciones jurisdiccionales con responsabilidad y transparencia, así como estar sujeta a controles administrativos y disciplinarios que salvaguarden la confianza pública.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades judiciales para que dirijan sus acciones en conformidad con lo estipulado por la Constitución, respetando así la distribución de competencias acordada para fortalecer el sistema democrático. Asimismo, instó a los ciudadanos a mantener su fe en las instituciones mientras se llevan a cabo las evaluaciones técnicas pertinentes, asegurando que cualquier actuación judicial sea revisada con rigor y objetividad.