El primer año de gestión del presidente Rodrigo Paz dejó, según Jaime Dunn, una combinación de avances económicos iniciales y una persistente incapacidad para modificar las estructuras políticas que, a su juicio, siguen capturando al Estado boliviano. El analista financiero y excandidato resumió ese diagnóstico con una frase que condensó su evaluación: “Cambió el Gobierno, pero no cambió el sistema”.
En una entrevista con la red Erbol, Dunn sostuvo que el país continúa atrapado en un modelo prebendal y corrupto que restringe la capacidad de acción del Órgano Ejecutivo. Para él, la crisis que atraviesa Bolivia no se limita al terreno económico, sino que también refleja un problema de fondo en el plano moral e institucional, visible en los casos de narcotráfico, las denuncias contra autoridades del sistema judicial y los episodios polémicos vinculados con las maletas y el oro.
Desde su perspectiva, la administración de Paz llegó al poder sin una base política sólida que le permitiera impulsar una transformación profunda. Dunn afirmó que no cuenta con una estructura propia, ni con un soporte político consolidado, ni con una línea ideológica capaz de sostener reformas de fondo. En ese marco, cuestionó que durante este primer año no se hayan concretado cambios institucionales relevantes y advirtió que la demora en actuar puede terminar favoreciendo la continuidad de los mismos esquemas que se prometió desmontar.
Pese a ese juicio crítico sobre el plano político, Dunn reconoció resultados positivos en materia económica. Mencionó como señales iniciales la moderación de la inflación, la unificación de los tipos de cambio, la recuperación gradual de las reservas internacionales y las primeras medidas para enfrentar la subvención de los carburantes. También señaló que se observan pasos orientados a corregir el rumbo del modelo económico.
Uno de los datos que destacó fue la caída de la inflación, que pasó del 20,4% registrado al cierre de 2025 a cerca de 7% interanual en octubre de 2026. Sin embargo, aclaró que ese comportamiento no debe interpretarse todavía como una recuperación plena. A su juicio, el país se encuentra en una fase de estabilización, no de crecimiento. “Estabilizar es dejar de caer. Estamos cayendo todavía. Recuperarse es volver a crecer y Bolivia todavía no está creciendo”, señaló.
Dunn también advirtió que el costo del ajuste económico sigue recayendo sobre la ciudadanía y el sector privado. En ese contexto, alertó que el déficit fiscal proyectado alcanza el 9,2% y que la deuda pública total podría superar el 100% del PIB. Según dijo, la población ya asumió parte del ajuste mediante inflación, devaluación y recesión, y ahora enfrenta nuevas exigencias para sostener la corrección de las cuentas públicas.
En su análisis, el recorte del gasto estatal debería comenzar por los privilegios de quienes ejercen el poder y no volver a trasladarse a los ingresos de las familias bolivianas. Pero su crítica más fuerte estuvo dirigida a la crisis del sistema judicial, que considera un obstáculo central para garantizar seguridad jurídica, atraer inversión y promover desarrollo. “La primera medida económica es la justicia. Sin justicia no hay seguridad jurídica, sin seguridad jurídica no hay inversión. Sin inversión no hay desarrollo, no hay prosperidad”, afirmó.
Dunn insistió en que el problema no se resuelve con cambios de autoridades si no existe una verdadera independencia institucional. En ese sentido, remarcó que Bolivia no necesita una justicia controlada por nuevos actores, sino una justicia sin dueño. “No necesitamos una justicia que cambie de dueño. Necesitamos una justicia que no tenga dueño”, expresó.
Finalmente, lanzó una advertencia sobre la infiltración del narcotráfico en las instituciones públicas. A su juicio, esta amenaza se vuelve especialmente grave cuando las organizaciones criminales dejan de esquivar al Estado y comienzan a influir en él desde dentro. En su cierre, sostuvo que el narcotráfico adquiere verdadero poder cuando ya no solo evade controles, sino cuando logra comprar al propio Estado.
